El magistrado Checkley responderá al recurso de la defensa del presidente Castillo para paralizar la investigación en su contra.

Por Sergio Herrera

Por primera vez desde que la Constitución de 1993 entró en vigencia, la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre la inmunidad presidencial establecida en el artículo 117º de la Carta Magna. El juez Juan Carlos Checkley Soria deberá resolver el recurso presentado por la defensa del presidente Pedro Castillo. Los abogados del mandatario buscan paralizar la investigación iniciada en su contra por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Checkley deberá definir si los recursos de la defensa presidencial se basan en argumentos jurídicos y constitucionales o si simplemente son indicios.

Los argumentos de la defensa

Sobre este tema, se generó una discusión en la audiencia virtual convocada por Checkley para entablar el diálogo y resolver la discusión entre ambas partes. El abogado de Castillo, Benji Espinoza, sustentó que el artículo 117º solo permite acusar al presidente de la República por traición a la patria, impedir las elecciones, cerrar el Congreso o impedir que funcionen los organismos electorales. En ese sentido, la acusación por cualquier otro delito no sería válida. Posteriormente, Espinosa sostuvo que el concepto de acusación abarca desde el inicio del procedimiento penal cuando se detecta un delito válido. Basó sus argumentos mediante opiniones de juristas y  sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El segundo argumento de Espinoza se sustenta en que otros presidentes peruanos fueron objeto de denuncias públicas. No obstante, jamás la Fiscalía apoyó una investigación durante sus respectivos periodos. El abogado puso como ejemplo el escándalo de los Petroaudios durante el segundo gobierno de Alan García y el caso de las firmas falsas de Perú Posible durante la administración de Alejandro Toledo.

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