El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) indicó que, en caso sea aprobada la iniciativa, la población no podrá seguir las investigaciones de casos de corrupción.
Por Sergio Herrera
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicitó al Congreso de la República archivar el proyecto de ley mordaza. Este fue presentado en vísperas por el Poder Ejecutivo y plantea la sanción con prisión a jueces, fiscales, abogados o policías que difundan a periodistas información fiscal reservada sobre casos penales. El CPP advirtió que, de aprobarse la medida, los ciudadanos no se enterarían de las investigaciones por casos de corrupción. El Consejo cita como ejemplo a ‘Lava Jato’, ‘Los cuellos blancos del puerto’ y los presuntos delitos del presidente Pedro Castillo y su círculo cercano.
El trasfondo del proyecto
Por otro lado, el CPP citó a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios para sustentar sus argumentos. La magistrada ha señalado previamente que este proyecto podría justificar acusaciones contra periodistas. Se les podría declarar como «instigadores o cómplices del delito», poniendo en peligro la libertad de expresión. Asimismo, también se citó la postura de la Defensoría del Pueblo, organismo que tildó esta propuesta de «irrazonable» y como un «riesgo sobre la libertad de información».
¿Quién tiene la última palabra?
El Consejo de la Prensa Peruana pide al @congresoperu archivar la ley mordaza.
De aprobarla, el Congreso estaría blindando al presidente Castillo y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por presuntos casos de corrupción.
Comunicado completo:https://t.co/riUQww3U0W pic.twitter.com/Kz3Z3nRrKA
— Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) July 7, 2022
En las semanas entrantes, la Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la fujimorista Patricia Juárez, deberá determinar si el proyecto es archivado o aprobado. De darse el segundo escenario, pasaría al Pleno que debería votar su ratificación. Cabe destacar que el parlamento mantiene archivados una treintena de proyectos presentados por Castillo a casi de un año de su llegada al poder.
Finalmente, el premier Aníbal Torres se pronunció sobre el controvertido. El titular de la PCM negó que fuese una «ley mordaza». En su lugar, asegura que se trata de una medida que protege los «derechos fundamentales» de toda persona investigada por la Justicia. «No está bien que una persona por el simple hecho de haber sido denunciada, ya la Fiscalía saca la información, la prensa (…). ¿Quién nos subsana después de esto?», dijo Torres al respecto.
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