La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debate un informe de denuncia contra el presidente Castillo para inhabilitarlo.

Por Sergio Herrera

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evalúa hoy el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Se le acusa por el presunto delito de traición a la patria y se recomienda inhabilitarlo de la función pública. Asimismo, en el documento se plantea esa sanción por las declaraciones que el mandatario  brindó a la cadena CNN en enero pasado. Como se recuerda, Castillo declaró que convocaría un referéndum popular para decidir la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia.

El congresista Diego Bazán (Avanza País) se encuentra a cargo del caso y ratificó el informe de su predecesor, Wilson Soto (Acción Popular). En este documento, se plantea acusar a Castillo de traición a la patria por los motivos ya mencionados. De aprobarse la inhabilitación, Castillo no podrá ejercer la función pública por cinco años. Esta acción lo apartaría inmediatamente del cargo de presidente de la República. Hasta el momento, se considera que habría votos para aprobar el informe en la subcomisión. De ser el caso, pasaría a la Comisión Permanente para que la revise. Finalmente, se evaluaría en el Pleno.

Ministro de Turismo es incluido en investigación por organización criminal contra Pedro Castillo

Ministro Sánchez

La Fiscalía de la Nación ha decidido incluir al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, en la investigación que se le sigue al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal. Al titular del Mincetur se le investigará por obstrucción a la justicia en calidad de autor. Los argumentos del Ministerio Público señalan de que el mandatario lideraría una organización criminal enquistada en distintas instituciones gubernamentales. La finalidad sería ocupar una serie de cargos públicos, así como direccionar obras, y obtener así, beneficios económicos.

A la fecha, la investigación incluye al exministro de Transportes Geiner Alvarado y a los miembros del llamado “Gabinete en la Sombra” que incluye a Alejandro Sánchez Sánchez, Abel Cabrera Fernández y José Nenil Medina. Luego de conocerse la decisión del Ministerio Público en torno a su situación judicial, Roberto Sánchez cuestionó que no se haya iniciado investigaciones contra la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides. “¿Y para cuándo dispondrán investigar las graves imputaciones a la fiscal de la Nación? Yo sí me allano ante un sistema de justicia proba e imparcial. ¡No a la impunidad! ¡No a politizar la justicia ni judicializar la política!, escribió el titular del Mincetur en su cuenta de Twitter.

Colaborador eficaz afirma que se pagó US$ 3 500 a congresistas para no censurar a Juan Silva

Juan Silva

El dominical Panorama reveló anoche que un colaborador eficaz de la justicia reveló que congresistas de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP) fueron señalados de haber recibido un pago de 3 500 dólares para que voten en contra de la censura del hoy prófugo Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones.

Según la declaración de este colaborador, el cuestionado empresario Zamir Villaverde habría sobornado a estos legisladores para mantener a Juan Silva en el MTC, como consecuencia del inicio de negociaciones en ese sector con empresas chinas. “Se pagó 3 500 dólares a cada congresista de los partidos Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Acción Popular, entre otros, para que no censuren a Juan Silva Villegas, gastando un total de un millón de dólares aproximadamente (…). Zamir Villaverde le dijo a Bruno Pacheco que él pagó 3 500 dólares a cada congresista”, asegura el testimonio difundido en Panorama.

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