Samuel E. Dyer es, tal vez, el empresario peruano más autorizado para discutir temas de agronomía, pues es fundador del campo más grande de Perú, Camposol, y, recientemente de una gran área en Pucallpa que quiere dedicar a la industria maderera sostenible. “Cuando se corta o impide el emprendimiento, se hiere de muerte el crecimiento y la generación de empleo formal de un país”, asegura.

Por Isabel Miró Quesada Fotos Sanyin Wu

Desde 2001, Samuel E. Dyer es presidente del Directorio del Grupo D&C (Dyer Coriat), que hoy está formado por su esposa, sus cinco hijos y sus once nietos. En 2007 adquirió Camposol, la más grande empresa agroindustrial y productora de frutas y langostinos del Perú.

Desde 2001, Samuel E. Dyer es presidente del Directorio del Grupo D&C (Dyer Coriat), que hoy está formado por su esposa, sus cinco hijos y sus once nietos. En 2007 adquirió Camposol, la más grande empresa agroindustrial y productora de frutas y langostinos del Perú.

Emprendedor innato, Samuel E. Dyer trabajó desde los 7 años, primero en la Amazonía de Huánuco y Ucayali, raíces de las que presume con orgullo; y luego en Lima, ayudando a sus padres en sus negocios de transportes, abarrotes, ferretería y restaurantes. A los 26 años, se independizó de los negocios de su familia y, junto con su esposa, Rosa Coriat, también de origen amazónico, fundaron Fihesa, empresa dedicada a la comercialización de herramientas de ferretería industrial y, luego, a la importación y distribución mayorista de diversos productos.

Pero las cosas realmente empezaron a tomar impulso en la década de 1980, cuando fundó en Pucallpa una planta galvanizadora de acero para uso principalmente de techos (calamina), un material muy popular y útil en toda la selva. En 1994, dio el gran salto a la pesca al fundar con sus hermanos y un sobrino Copeinca, que se convirtió en una de las empresas productoras de harina y aceite de pescado más innovadoras y grandes del Perú, y la tercera del mundo, con exportaciones a los mercados más grandes del globo; entre ellos, los de China, Europa y Estados Unidos. Fue vendida en la Bolsa de Oslo en 2013 por cerca de US$900 millones de dólares.

Desde 2001, Dyer es presidente del Directorio del Grupo D&C (Dyer Coriat), que hoy está formado por su esposa, sus cinco hijos y sus once nietos. En 2007, en una operación financiera listada en la Bolsa de Oslo, adquirió Camposol, la más grande empresa agroindustrial y productora de frutas y langostinos del Perú, que hoy está bajo el control exclusivo de miembros de la familia Dyer. En 2012, fundaron Reforestadora Inca S.A., para sembrar bosques en áreas deforestadas de Ucayali y Huánuco, actividad que hoy es el siguiente sueño, reto y pasión de los Dyer, pues asegura que este sector en treinta años puede ser, después de la minería, el segundo en generación de empleo, riqueza y aporte al PBI del país. Pero exige, desde su cargo como presidente del Grupo Pro-Ucayali, formado por las empresas más importantes de dicha región, que el gobierno central cumpla con sus responsabilidades de promover, proteger y apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo en esta parte de la Amazonía, así como a los emprendedores amazónicos que en su gran mayoría apuestan por trabajar con buenas prácticas y en armonía con el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático.

El regreso a la Selva de Dyer

“Nosotros siempre quisimos impulsar el desarrollo sostenible e inclusivo en la Amazonía peruana, porque somos de esa región”, explica Dyer, quien el pasado 16 de diciembre presentó un plan de trabajo a 2050 en el que participaron exponentes expertos en la materia como Ángel Añaños, presidente del Grupo AJE, y Erick Fisher, presidente de ADEX, en lo que fue el II Congreso Empresarial Amazónico – CEA 2020. ¿El principal objetivo? Poner en valor el potencial de la selva, partiendo del desarrollo de plantaciones en áreas deforestadas.

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¿Cómo está avanzando el proyecto de inversión en el cultivo de madereras en la Amazonía?

El Perú hoy tiene más de cinco veces el potencial de Chile, pero no tiene desarrollada la actividad forestal y menos su industrialización. Como Grupo Dyer, vimos a nuestra región –porque somos amazónicos– y hemos decidido apostar en un modelo de 50 mil hectáreas en la frontera de Huánuco y Ucayali (y replicable en otros diez puntos de la Amazonía), de las cuales 21 mil serán invertidas por nosotros. Las otras 29 mil hectáreas queremos que las planten los pequeños y medianos agricultores con financiamiento blando. El negocio es muy simple: producir madera con uso de ciencia y tecnología.

El Perú importó más de 1500 millones de dólares de madera y derivados en 2019. Y el país exporta poco más de 100 millones de dólares, es decir, casi cero… En Chile, el segundo sector económico después de la minería es el maderero. También tenemos bosques para concesionarlos y trabajarlos de manera profesional y sostenible, y en estos hay, además de maderas finas, plantas medicinales, frutas exóticas y potencial para ecoturismo y turismo de naturaleza… Nuestro proyecto es pionero y experimental, pero, si tiene éxito, será como el arándano, donde fuimos los primeros agricultores y ahora el Perú es el primer exportador mundial de esa exquisita fruta.

Estuvimos avanzando muy bien, pero, con los cambios de gobierno y el crecimiento de la inseguridad en las áreas rurales de la Amazonía por falta de presencia del Estado, el proyecto está pasando dificultades. Sin embargo, creemos que se puede resolver si mejora la ocupación territorial de estas cuencas del Pachitea y Aguaytía. Este negocio no funcionará si no sembramos a ritmo ininterrumpido de 3000 hectáreas por año que justifique la inversión de un moderno parque industrial en el año 2030, para poder aprovechar al cien por cien la madera y fabricar distintos productos principales como triplay, celulosa, madera prensada, tablones industriales, así como aprovechar los residuos para generar energía, etc. Asimismo, se instalarían decenas de medianas y pequeñas industrias para otros productos derivados de madera.

¿Cuál es el compromiso que debería asumir el Estado?

El gobierno, con la Ley 27307, se comprometió a derivar parte de su presupuesto al desarrollo de la industria en esta zona, así como mantener un marco promotor especial. Sin embargo, cada año esta ley se recorta y así no hay garantía jurídica para atraer inversiones, generando incluso incertidumbre entre los empresarios ya instalados en esta región. La ausencia del Estado como un garante económico estable se replica en la ausencia de una adecuada seguridad.

Los empresarios están a merced del ataque de los grupos ilegales que abundan en la región y que constantemente amenazan con destruir las maquinarias, instalaciones o cultivos de los formales. No hay la necesaria presencia de la Policía o las Fuerzas Armadas para mantener el orden. Hay más conciencia de que todo el desarrollo en la región, incluyendo, por ejemplo, la extracción de petróleo y gas, se debe desarrollar con buenas prácticas y absoluto respeto por el medio ambiente. Además, el Estado debe dotar a esta zona de una infraestructura adecuada para poder transportar los productos que ahí se desarrollen, pues de lo contrario es inviable el progreso.

El tren ecológico

Una propuesta que han adelantado es la de construir un tren ecológico que conecte a este eje con distintos puntos.

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Efectivamente. Necesitamos líneas de tren para que la Amazonía sea rentable y sostenible. Se ha desarrollado una propuesta junto con Juan de Dios Olaechea, presidente ejecutivo del Ferrocarril Central Andino, que solucionaría el mayor cuello de botella del proyecto: no solo traslado de la madera y productos derivados a la costa sino también de todo lo que produciría la Amazonía tanto de origen vegetal, minerales, como animal y de otras industrias desde agroindustria, hidrocarburos, hasta conservas, muebles, bebidas de frutas, etc. También, por ejemplo, un tren permitiría reducir los costos de transporte a la costa por tonelada, por ejemplo, de Pucallpa al Callao, de US$60 por tonelada hasta US$20 o menos.

Hacer y operar un tren cuesta más barato que una carretera y es la opción más ecológica, pues no deforesta, protege los bosques y es menos invasivo, pues requiere de la tercera parte de ancho que una carretera y es superviable. En vez de hacer la IIRSA Sur, que generó corrupción, con ese monto se hacían líneas de trenes en casi toda la Amazonía. Los políticos no saben que construir trenes es mucho más barato y es bien visto por las Naciones Unidas, pues son poco contaminantes. Si se sembrasen un millón de hectáreas de maderas en la Amazonía, entre Tingo María y Pucallpa, el tren se paga solo, pues es factible que bancos multilaterales o fondos de las Naciones Unidas lo podrían financiar hasta treinta años o más.

En carreteras es imposible controlarlos y terminan siendo vehículos para deforestar más, pero con un tren se puede controlar mejor la entrada y la salida de vehículos. Según el plan, el tren partiría de Cruzeiro do Sul (Brasil) y pasaría por Pucallpa hacia la costa piurana como opción de destino final. Otros ramales llegarían a Lima, Amazonas, Tarapoto e Iquitos.

Según Dyer, en el Perú se podrían reforestar hasta ocho millones de hectáreas, incluyendo áreas de la Amazonía, la sierra y la costa. De esta manera, en un plazo de cincuenta años, esta actividad permitiría generar el doble o el triple de aporte que el sector forestal al PBI de Chile. “El sueño es impulsar esto y que en tres décadas ya este sector compita con la minería en generación de aporte al PBI y divisas, pues en generación de empleo sería la campeona”, explica.

“Por donde se mire, el ejemplo del Perú en altos estándares de buenas prácticas laborales y sanitarias es de talla internacional. Nos apena que algunas empresas hayan violentado y no hayan respetado todo esto, lo que ha sido el caldo de cultivo de esta desazón y protesta legítima de muchos trabajadores del agro”, afirma Dyer.

“Por donde se mire, el ejemplo del Perú en altos estándares de buenas prácticas laborales y sanitarias es de talla internacional. Nos apena que algunas empresas hayan violentado y no hayan respetado todo esto, lo que ha sido el caldo de cultivo de esta desazón y protesta legítima de muchos trabajadores del agro”, afirma Dyer.

Protestas y reclamos

¿Qué reflexión le deja el paro agrario y los acontecimientos de las últimas semanas?

Hay que ver la industria desde un contexto internacional, nacional y sectorial. Además de la pandemia y la crisis política, venimos como país con muchas carencias y fracasos desde 1821, por muchos malos gobiernos que hemos tenido que, a mi modesto entender, han despilfarrado o saqueado la mitad del presupuesto fácilmente. Esto genera un malestar y una frustración nacional a pesar de que en los últimos veinte años ha habido un ‘boom’ en casi todos los sectores y se logró una reducción importante de la pobreza y la extrema pobreza.

Hemos vivido buenos tiempos con los altos precios de la minería y el alto crecimiento de la agroindustria por una buena Ley de Promoción del Sector Agrario principalmente, pero tenemos sectores poco explotados por culpa de malos gobiernos, como la forestación de millones de hectáreas aptas de las que gozamos entre sierra y selva, proyectos mineros que se han paralizado por problemas sociales. Otro sector poco promovido es la acuicultura, en el que podríamos ser una potencia mundial y tenemos todos los recursos y las regiones para eso. También tenemos el ecoturismo y el turismo de naturaleza, donde estamos en pañales.

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Algunos señalaron que la Ley de Promoción del Sector Agrario no debió extenderse por diez años más y la acaban de derogar. Ahora el Congreso anuncia que aprobará una nueva ley agraria.

Esa ley de promoción que salió en 2000 fue excelente y ahí están sus resultados: creó más de 800 mil puestos formales directos y hoy exportamos más de 7000 millones de dólares en productos agrarios. Es una de las mejores decisiones que tomó el régimen que cayó en ese momento, por otros motivos, pero opino que dejó algo bueno, como dicha ley. Esto ha traído más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos en zonas rurales en las que, prácticamente, hasta hoy, ni siquiera el 10% de esas personas son formales, por lo que no tienen CTS, vacaciones, gratificaciones, seguro social ni nada.

Trabajan duro, pero ni siquiera les pagan el sueldo mínimo. En contexto, el sector de empresas formales del agro ha traído desarrollo y bienestar en el área rural, donde además ha bajado sustancialmente la pobreza. Aún con la pandemia, al tratarse de alimentos, ha seguido trabajando, si bien con sobrecostos.

Pero el potencial para crecer es inmenso. Muchos afirman que no estamos desarrollando ni el 2% del potencial agrícola del Perú. Me pregunto, ¿vale la pena no seguir promoviendo este sector agroindustrial si todavía más del 30% de los peruanos está en pobreza o extrema pobreza y necesita urgente que se creen empleos formales?

Pero, con la derogación, ¿qué ocurriría?

En muchos países del mundo, incluso en desarrollados, como Estados Unidos y en Europa, la agroindustria no solo es promovida, apoyada y muy reconocida, sino que es subvencionada. Incluso te subvencionan y por cada jornal de empleo que pagues o tonelada que produces te pagan con cheques. A nosotros nadie nos subvenciona y todo lo hacemos con inversión privada y bajo nuestro riesgo. Sí hubo el régimen tributario especial del 15% de impuesto a la renta, pero esto nos ha permitido reinvertir, con lo que hemos crecido y hemos generado más y más empleo cada uno de los 20 años que rigió la ley.

¿Cómo tomar la decisión de cambiar el marco normativo de esta manera?

Tenemos que respetar lo que se da con leyes, pero también tenemos que pensar en el futuro del país. ¿Qué mensaje damos afuera? Ya nos comienzan a cuestionar (desde el exterior), si vamos a poder atender sus pedidos en el futuro o si continuaremos con los planes de crecimiento, ya que ellos abren sus mercados pensando en nuestra producción de hoy y del futuro también. Hay mucha inversión que se necesita hacer en plantaciones modernas y en el desierto para luego buscar una recuperación de largo plazo, hasta de treinta años. Muchos colegas ya recibieron préstamos de decenas de millones y han hecho plantaciones para el largo plazo y de un momento a otros derogaron la Ley Promocional del Agro.

Los congresistas deben pensar que su decisión, por más bien intencionada que esté, crea desazón e inseguridad jurídica y desacredita a nuestro país. En veinte años crecimos mucho por la estabilidad jurídica, económica y política. El 98% de empresas en el Perú son familiares y solo el 2% son corporaciones. En el mundo, el desarrollo se alcanza cuando los emprendimientos familiares tienen mucha facilidad para crecer, mucho apoyo del Estado y no tanta tramitología ni excesivos impuestos o corrupción que no dejan ni respirar, trabajar o reinvertir.

Recuerden, “cuando se corta o impide el emprendimiento familiar o corporativo, se hiere de muerte el desarrollo y la generación de empleo formal de un país”.