A propósito del escándalo del ‘Vacunagate’, el historiador y analista político reflexiona sobre la crisis del sistema de adquisiciones públicas en el Perú, sus efectos en la pandemia y su impacto en la política peruana de los próximos años. “Los funcionarios públicos peruanos están acorralados por un sistema que entorpece la toma de decisiones oportunas y los expone a contingencias administrativas, civiles y penales”, asegura. “Si no cambiamos eso, no vamos a salir adelante”.
Por Isabel Miró Quesada Foto Paulo Herrera
En los últimos años el problema central del Perú no han sido los recursos, ni la falta de proyectos de inversión, sino la incapacidad para gastar y ejecutar.
¿Cuál cree que ha sido el impacto del llamado ‘Vacunagate’?
Todavía es pronto para saberlo, pero lo sucedido podría ser parte de la “Historia universal de la infamia” de Borges. Por lo pronto, hay algo de la salita del SIN y algo de las corruptelas que se veían en los ochenta para conseguir un teléfono o tramitar un pasaporte, por ejemplo. Lo más dramático es que, en este caso, ninguna condición “estructural” (carencia de fondos, oferta de laboratorios) explica por qué el Perú no tiene vacunas… De lo que tenemos certeza es de la monumental incapacidad para enfrentar oportunamente esta catástrofe sanitaria. Parafraseando el lema de Acción Popular, el gobierno de Vizcarra hizo de la inacción una doctrina.
¿Ha existido falta de liderazgo?
Te contesto con un ejemplo de la historia peruana. El boom económico que siguió a la guerra con Chile fue consecuencia de un tremendo ejercicio de realismo, liderazgo e imaginación política. Cáceres canceló la deuda externa, impulsó el desarrollo de la infraestructura y creó las leyes de banca y seguros. Piérola, su rival, reformó el ejército con la misión francesa e inició una suerte de APP para la recaudación de impuestos.
Podemos perdernos en ejercicios contrafácticos, llenar minuciosamente planillones de críticas, pero el resultado concreto de estas medidas –audaces para su tiempo– es que el país se levantó del peor desastre de su historia republicana. La pandemia era (o quizá aún es) una oportunidad perfecta para hacer reformas necesarias que, en el enrarecido ambiente político de los últimos años, han sido imposibles de llevar a cabo.
¿Qué clase de reformas?
La prioridad debería ser el sistema de adquisiciones públicas que, en perspectiva, es el hilo conductor de la pesadilla que estamos viviendo los peruanos: falta de hospitales, de camas UCI, de oxígeno, de médicos y, en menor medida, de cadenas logísticas, de infraestructura de internet… Es paradójico que la discusión de este tema, piedra angular para ejecutar cualquier plan de gobierno o propuesta imaginativa, esté ausente en el debate electoral.
¿Por qué es necesario reformar el sistema de adquisiciones públicas?
Por una razón muy sencilla: en los últimos años, el problema central del Perú no han sido los recursos, ni la falta de proyectos de inversión, sino la incapacidad para gastar y ejecutar. Los gobiernos regionales y locales ejecutan menos del 30% de su presupuesto por canon (y su ejecución general es bajísima), el hospital del Cusco lleva diez años detenido y tenemos casi siete millones de peruanos sin agua. Estamos hablando de cosas básicas, que se han ido postergando por este fenómeno. Lo único que sabemos ejecutar sin problemas son los gastos corrientes (planilla, servicios, etc.).
Tratando de ser realista, no veo cómo vamos a administrar esta crisis sanitaria si no cambiamos este modus operandi. Estamos en una situación en la que los gestos ya no bastan. Olvídate de la gestión por resultados; haber permitido llegar a una situación solo por cálculos políticos revela un problema ético muy profundo. La suma de factores, casi todos vinculados con el cálculo político, nos ha llevado a esta situación, que revela un problema ético muy profundo.
Estamos en una situación en la que se necesitan estadistas, no políticos preocupados por las encuestas”, asegura Mauricio.
¿Qué puede hacerse?
La interpretación de las normas en base a la presunción de la corrupción es una práctica muy ex tendida en el Perú a todo nivel. Cosas como los viáticos de viaje, compras de cartuchos de impresora o contrataciones de asesores están microrreguladas. Probablemente, tendríamos a toda la plana mayor del Ministerio de Cultura declarando en el Poder Judicial si María Rostworowski (1915-2016) se hubiera incorporado a la famosa planilla PAC (personal altamente calificado) porque, como se sabe, esta eminente historiadora nunca obtuvo su título universitario. Con esto quiero decir que los funcionarios públicos peruanos están acorralados por un sistema que entorpece la toma de decisiones oportunas y, en el peor de los casos, deriva en una desmesurada exposición a contingencias administrativas, civiles y penales.
Para usar una palabra de moda, hemos “invisibilizado” a miles de personas honorables que, por cumplir sus funciones, arrastran por años investigaciones y procesos con todos los costos personales, profesionales y económicos que ello implica. Más de uno debe preguntarse diariamente, y con razón, “¿por qué debo firmar tal o cual documento, si por cumplir mi función puedo perder mi trabajo?”. Cosas como evitar el correo institucional, necesitar un abogado para toda decisión o tener un televisor prendido 24/7 con noticias revelan un resquebrajamiento muy profundo de la confianza en el Estado peruano. La desconfianza aumenta de manera brutal los costos de transacción y genera cientos de costos no previstos.
Hace poco el presidente Francisco Sagasti se preguntó: “¿Qué mal hemos hecho para poner al país en una situación tan precaria?”.
Gran parte de la respuesta está en el fenómeno descrito líneas arriba. En estos últimos años he preguntado a muchos políticos por qué no es posible resolver este problema, y en todos los casos la respuesta es la misma: “Es políticamente costoso”. Estamos en una situación en la que se necesitan estadistas, no políticos preocupados por las encuestas. La precariedad de la cual habla el presidente, en buena medida, tiene como origen utilizar las compras e inversiones públicas como un arma política.
Sería interesante saber qué mecanismos existieron para que los ministros que hicieron las grandes unidades escolares o la Residencial San Felipe terminasen sus funciones sin acusaciones. Por lo demás, hay una profunda contradicción en este hecho, porque los opositores de ahora serán gobierno en algún momento y, desde esa posición, serán blanco ellos mismos de los ataques que paralizan el desarrollo del Perú. Es un ciclo perverso. Por lo demás, asumir que el ejercicio de un cargo público implica “normalmente” algunos añitos desfilando por Fiscalía es algo a todas luces monstruoso. El remedio para esto tiende a ser no hacer nada.
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Esta virtud de la parálisis para evitarse problemas tiene algo intrínsecamente inmoral.
¿Pero cómo se combate la corrupción si no es con sanciones duras?
Estoy a favor de las sanciones más duras a los corruptos en el Perú. Pero, para ello, es imprescindible delimitar muy bien los delitos que normalmente se utilizan para encauzar a funcionarios públicos por corrupción. Es evidente que la asociación ilícita para delinquir o la falsedad genérica, así como figuras como la prisión preventiva, se han utilizado fuera de toda mesura. Tenemos magistrados que, por arrogarse funciones ejemplificadoras, complacer a los medios o iniciar carreras políticas, destruyen principios capitales de la administración de justicia como la presunción de inocencia, sin pensar en los altísimos costos que sus acciones tienen para el sistema. Presumir la corrupción nunca te lleva a nada bueno y, más bien, tiende a politizar cualquier acción.
¿Hace falta refundar la política en el Perú?
Tener desprecio por la política es algo muy peligroso. El derrotero de los países está a cargo de los políticos y el funcionamiento de los sistemas democráticos depende de la intermediación política. Los partidos nos dan predictibilidad, no solo por su función de intermediación, sino por su declaración de ideas. Basta ver lo que sucede en las regiones para darse cuenta de lo catastrófico que ha sido la ausencia de partidos políticos.
Para Novoa, ha existido una “monumental incapacidad” para enfrentar oportunamente la crisis sanitaria del coronavirus.
¿Qué consecuencias tiene esta crisis en la política?
Lo que vemos, por ejemplo, en los gobiernos regionales en el Perú; es decir, atomización de la representación, alta rotación de funcionarios, ausencia de cuadros técnicos y una desestructuración de la intermediación política, manifestada en las compras de kits de vacancia luego de la elección. Minimizar la política termina creando una actitud cínica hacia el servicio público, que acaba siendo el espacio de quienes no tienen nada que perder, los corruptos o la gente muy rica.
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Esto me recuerda la frase de San Agustín: “Removed la justicia, y ¿qué son los reinos sino latrocinios?”. En esta lógica, cuando alguien propone normas más restrictivas o bajar los sueldos a los funcionarios públicos, nadie piensa en las consecuencias de esta decisión.
¿Cuál es su reflexión en este bicentenario?
No necesitamos ser un país perfecto para ser un país bueno. Riva Agüero decía que el Perú era la “tierra clásica y primogénita” de América del Sur. Debemos recordar que somos un país con grandeza, llamado a ocupar un lugar en la historia.
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