El retiro de Harvey Colchado, quien encabezó el operativo que desmanteló el «Rolexgate» en la residencia de la presidenta, es considerado por medios extranjeros como una «represalia política»

Por Redacción COSAS

El caso de la remoción del coronel Harvey Colchado, tras su participación en el allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, generó distintas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La noticia de su retiro, que se dio a conocer a través de una resolución ministerial, sorprendió a muchos, dado su historial en el cuerpo policial y su implicación en casos clave contra la corrupción y el crimen organizado.

El retiro de Harvey Colchado es un tema crítico en la política peruana y en la atención internacional.

Su participación en operativos clave, como la liberación de rehenes en la residencia del embajador japonés, la captura de narcotraficantes y líderes terroristas, le valió el reconocimiento tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, en 2024 su nombre se asoció a uno de los incidentes más controversiales de su carrera: el allanamiento en la residencia de la presidenta Dina Boluarte.

El operativo, realizado en plena Semana Santa, tenía como objetivo investigar el denominado «Rolexgate«, un escándalo que involucraba a la mandataria. En este contexto, Colchado dirigió un grupo de agentes policiales que derribaron la puerta de la casa de la presidenta, en el distrito de Surquillo. Este hecho se difundió en los medios y aumentó la presión sobre Boluarte, cuyo gobierno ya se encontraba sumido en una crisis de popularidad.

Colchado celebró su cumpleaños con una torta temática, que se viralizó y le costó su suspensión.

Lo que siguió no fue menos sorprendente: el 11 de abril, el mismo día en que Colchado celebraba su 50 cumpleaños, se filtró una imagen de él con una torta temática que representaba el allanamiento. En ella, un agente rompía una puerta con una comba.

La fotografía, compartida por el propio coronel en su estado de WhatsApp, fue vista por muchos como una burla hacia el poder. El Ejecutivo, rápidamente, calificó la acción como “una conducta reprochable” y suspendió a Colchado, lo que abrió la puerta a una serie de interrogantes sobre su futuro.

Harvey Colchado es un agente con una carrera destacada de 20 años en la Policía Nacional del Perú.

¿Venganza política?

La renuncia de Harvey Colchado fue presentada oficialmente como parte de una “renovación de cuadros” dentro de la Policía Nacional. La resolución ministerial, que será efectiva desde el 1 de enero de 2025, justifica el retiro del coronel, quien con 50 años aún tiene la edad y la experiencia para seguir activo.

El abogado de Colchado, Miguel Pérez Arroyo, no dudó en calificar la remoción como una represalia política. “Es la orquestación de un abuso programado, estructurado. Es la concreción de un plan para la arbitrariedad y la venganza contra dos efectivos policiales, como Lozano y Colchado.

Constituye un desperdicio en patrimonio del presupuesto público en la formación, probablemente, de los policías mejor preparados que existían en actividad”, declaró Pérez, quien cuestionó la intención del gobierno de “deshacerse de lo mejor” en el cuerpo policial.

Algunos creen que la medida es una represalia por su actitud frente a la corrupción y la investigación sobre el círculo cercano a Dina Boluarte.

La noticia generó la indignación por varios medios de comunicación y figuras políticas. La conductora de Buenos Días Perú, Pamela Acosta, subrayó que la remoción de Colchado “es un mensaje para todos los policías que no se alineen al poder político”. En una línea similar, el periodista Glatzer Tuesta acusó al gobierno de cumplir los deseos de las organizaciones criminales que, según él, se han convertido en “franquicias políticas”.

La influencia del entorno presidencial

La situación de Harvey Colchado está relacionada con otros episodios polémicos que involucran al Ejecutivo. Recientemente, se acusó al exabogado de Boluarte, Mateo Castañeda, de intentar influir en las investigaciones sobre su hermano, Nicanor Boluarte, quien enfrenta graves acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

Según testimonios de Colchado, Castañeda le habría ofrecido un ascenso a cambio de su colaboración en la manipulación de pruebas que pudieran afectar a altos funcionarios, incluido el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Además, la remoción de Colchado se produce en un contexto en el que el Ministerio Público desactivó el puesto de coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que estaba vinculado a la investigación de casos de corrupción en las altas esferas del poder. La fiscal Marita Barreto, quien dirigía dicho equipo, también está suspendida.

Se espera que el gobierno dé más explicaciones sobre las razones detrás de la decisión de su retiro.

El retiro de Colchado y el cuestionamiento a la imparcialidad del gobierno generaron un debate sobre las investigaciones de corrupción en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medidas cautelares de parte de Colchado y otros 800 agentes policiales que, según su defensa, “sufren acoso desde el propio Poder Ejecutivo” debido a su trabajo en la lucha contra la corrupción.

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