Aunque Perú firmó el tratado para el 30% de la tierra y océanos de todo el planeta, la formulación del proyecto no solo carece de base técnica, sino que ignora las realidades geográficas y socioeconómicas de cada país.

Por Alejandro Saldaña

Durante la COP15 —la 15ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)—, en diciembre del 2022, Perú firmó el Tratado de Kunming-Montreal, donde se establece la meta 30×30 de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los muchos objetivos globales para la protección de la biodiversidad en el mundo. Este objetivo se enmarca dentro de los 17 ODS de la ONU. La meta 30×30 busca proteger el 30% de la tierra y los océanos para el 2030.

La cita textual del documento de la ONU especifica el objetivo de la siguiente manera: «Garantizar que al menos el 30 % de las zonas terrestres y las zonas marinas del mundo, especialmente las de particular importancia para la diversidad biológica y sus contribuciones a las personas, estén conservadas por medio de sistemas ecológicamente representativos y bien conectados de áreas protegidas administrados eficaz y equitativamente y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y que se integren a los paisajes terrestres y marinos más amplios.

Solo el ~17 % de la superficie terrestre y el 8 % del océano están actualmente bajo protección, lo que evidencia que alcanzar el 30 % requerirá una expansión significativa.

Parece una meta noble. Sin embargo, cabe preguntarse si su formulación respondió a un consenso técnico y científico sólido o si, por el contrario, se trata de una cifra elegida más por su fuerza simbólica que por su viabilidad práctica.

¿Por qué 30%?

El propio documento “Guía para la implementación del objetivo 30×30”, plantea la pregunta: ¿cuánto es suficiente?, en referencia a la cantidad de territorio que se debe proteger para cumplir con el propósito de la conservación. La respuesta es clara: depende de la ubicación de los sitios más importantes para la biodiversidad.

El informe reconoce que responder a cuánto es necesario, es algo complejo, pero, la evidencia (que nunca se presenta el en documento), sostiene que la conservación del 30% al 70% o más de las áreas terrestres, de aguas interiores, costeras y marinas es necesaria para sostener y restaurar la biodiversidad. Por lo tanto, el treinta por ciento es un mínimo, probablemente solo un objetivo provisional. Entonces ¿todos los territorios serían iguales?

Estudios indican que la protección de solo el 30 % podría reducir a la mitad las tasas actuales de extinción, aunque aún no es suficiente para detener la crisis.

¿Cómo podría implementarse la meta 30×30 según la guía? Para ello, es fundamental mejorar la gestión y la gobernanza de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), ampliar su reconocimiento oficial y expandir el sistema actual. Las ANP registradas hasta ahora no son suficientes para revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se requiere un esfuerzo sostenido y estratégico para incrementar su cobertura y efectividad.

¿Un estándar único para realidades diversas?

La premisa de un 30% para todos los países ignora por completo la realidad geográfica y la diversidad de los territorios nacionales. No todos los países son iguales en extensión ni en composición. El 30% de Estados Unidos no puede ser comparado con el 30% de Haití; simplemente no es lo mismo en términos de impacto territorial y recursos. Esta estandarización resulta problemática y, potencialmente, perjudicial.

Una investigación científica sugiere que para garantizar biodiversidad y estabilidad climática, sería necesario proteger más del 50 % de los ecosistemas terrestres.

¿Cómo se aplica esta meta a un país con proporciones menores, o a naciones insulares que están rodeadas predominantemente de agua? ¿Qué ocurre con países como Panamá, donde la extensión de territorio terrestre es significativamente menor que la marina? ¿Es el 30% de Perú equivalente al 30% de Brasil, cuando sus realidades geográficas y ecosistémicas son tan dispares? Imponer un porcentaje uniforme a todas las naciones sin considerar sus particularidades geográficas y ecológicas es una simplificación excesiva que ignora la complejidad de la biodiversidad global.

No hay un análisis técnico

La formulación del objetivo plantea otra cuestión que carece de claridad: ¿30% de qué exactamente? ¿30% de la flora, de la fauna o del territorio? La redacción se enfoca en «zonas terrestres y marinas», lo que sugiere territorio. Sin embargo, la conservación no es solo una cuestión de superficie, sino de la calidad y la diversidad de lo que se protege dentro de esa superficie.

Más de la mitad de los países no han presentado planes concretos para cumplir la meta 30×30, poniendo en riesgo su ejecución.

Además, ¿cómo se mide algo que se mueve, migra o, incluso, aumenta y disminuye de tamaño con el tiempo, como la biodiversidad o los ecosistemas dinámicos? Esta falta de precisión en la métrica, sumada a la ausencia de un argumento técnico sobre el porcentaje, debilita la implementación y la rendición de cuentas del objetivo. Sin una definición clara de qué se está midiendo y cómo, la meta 30×30 corre el riesgo de convertirse en un número fácil de manipular o un mero ejercicio de contabilidad territorial sin un impacto real en la conservación.

¿Dónde quedan las actividades económicas?

Finalmente, el objetivo 30×30 ignora una dimensión crucial: el impacto en las actividades económicas y el desarrollo de los países. ¿Qué pasa con los países, especialmente aquellos con territorios más pequeños o economías emergentes, que dependen fuertemente de la explotación sostenible de sus recursos naturales o de un territorio limitado para generar riqueza y sustentar a su población?

En las áreas protegidas actuales, los niveles de biodiversidad han caído un 2,1 % entre 2000 y 2020, incluso más que en zonas no protegidas.

La imposición de un porcentaje sin una consideración profunda de las realidades socioeconómicas de cada nación puede llevar a conflictos internos y a perjudicar a diversos países. Si uno de estos tiene un porcentaje significativo de su PIB ligado a la agricultura, la pesca o la minería en áreas que podrían ser designadas como zonas protegidas, ¿cómo se concilia esta meta ambiciosa con la necesidad de desarrollo y el sustento de sus habitantes?

El objetivo 30×30, al estandarizar el problema, parece obviar que la conservación efectiva debe ir de la mano con estrategias que permitan a las comunidades prosperar, no limitarlas. La pregunta es si esta meta busca una conservación a toda costa, o una que sea realmente sostenible e inclusiva.

Contradicción ONU con el 30×30

La meta del 30×30, pese a su aparente nobleza, está plagada de contradicciones e incongruencias que debilitan su credibilidad y ponen en cuestionamiento su eficacia. Por un lado, la propia guía del objetivo admite que «determinar cuánto es suficiente» para preservar la biodiversidad es una tarea compleja, que depende de la ubicación de los sitios más importantes. Sin embargo, de forma arbitraria y sin sustento técnico alguno, se fija un 30% como un «mínimo» provisional”, con la posibilidad de extenderlo hasta un 70%.

One Earth ha identificado tres tipos de países: los que 30 % es insuficiente, los que no tienen suficiente territorio y los que requieren metas más ambiciosas.

La elección del 30% parece más una decisión política-romántica que una medida basada en criterios científicos rigurosos. Además, ¿cómo se asegura que ese 30% de cada país sea realmente rico en biodiversidad y tenga la vida que se busca preservar? La imposición de una cifra universal corre el riesgo de convertir la conservación en una métrica superficial, donde se prioriza la cantidad de territorio protegido sobre la calidad o la relevancia ecológica de las áreas.

Esta aproximación global también parece poner a los países en un segundo plano, ignorando sus realidades y sus propias iniciativas de conservación. Si cada nación ya implementa sus propias medidas para proteger sus ecosistemas, ¿por qué se debe restringir a un país de los beneficios legítimos que su territorio puede ofrecer, especialmente si estos están ligados a su desarrollo económico?

Prohibir o restringir el uso de ciertas áreas debería basarse en un sustento técnico y científico irrefutable, no en un «romanticismo» numérico o en objetivos puramente políticos que podrían perjudicar el crecimiento y el bienestar de las poblaciones locales. Más allá de la métrica territorial, el problema real de la degradación ambiental en muchos países, incluyendo el Perú, reside en la informalidad y la falta de fiscalización.

Mientras la Meta 30×30 sigue en marcha, lugares arqueológicos como Nazca siguen en peligro y sin un plan de conservación claro.

¿Por qué la ONU no se preocupa por controlar o sancionar las actividades informales como la minería ilegal, la tala indiscriminada o la pesca con métodos destructivos, que son las que realmente dañan los ecosistemas de manera irreversible? ¿Por qué no enfocarse en los métodos de pesca artesanal que emplean explosivos, o en la ausencia de sistemas de desagüe apropiados que vierten desechos directamente al mar, contaminando vastas extensiones?

Concentrarse en un porcentaje de protección, sin abordar las causas estructurales y las prácticas ilegales que diezman la biodiversidad, desvía la atención de los desafíos más urgentes y convierte el objetivo 30×30 en una solución simplista para un problema intrínsecamente complejo.

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