La COVID-19 ha tenido un impacto demoledor sobre la población, que hoy vive la incertidumbre de una crisis sanitaria y económica sin precedentes cercanos. Sin embargo, no todas son malas noticias. Para el arquitecto y urbanista José García Calderón, la pandemia también ha propiciado condiciones favorables para emprender reformas urgentes. Conversamos con él sobre los cambios culturales y políticos que ha gatillado la coyuntura, y sobre la necesidad de aprovechar este momento.
Por Edmir Espinoza / Ilustración de Erick Baltodano
En un contexto de persistente pesimismo, en el que la crisis política, sanitaria y económica parecieran mostrarnos un panorama oscuro hacia el futuro, es reconfortante escuchar la visión de José García Calderón, miembro del equipo que diseñó el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) hacia 2035. El arquitecto y urbanista sostiene que, a pesar de los grandes desafíos que impone la pandemia en el país, esta coyuntura también ha generado nuevas condiciones que podrían favorecer la implementación de algunos de los grandes cambios que nuestra capital y las grandes ciudades del país necesitan.
Para García Calderón, los efectos de la emergencia sanitaria han generado cambios culturales y de comportamiento en la mayoría de limeños, quienes podrían estar más proclives a abrazar propuestas urbanas relacionadas con la movilidad sostenible, la reforma del transporte, la habilitación de espacios públicos y la modernización de los mercados minoristas. Sin embargo, también reflexiona sobre el papel de las autoridades en este proceso y la necesidad de complementar intervenciones específicas y de rápida implementación con proyectos de largo aliento.
–La crisis sanitaria y económica ha hecho que grandes proyectos de infraestructura y reformas como la del transporte se detengan de forma abrupta. En este escenario, ¿de qué forma esta coyuntura conspira contra los grandes cambios que nuestra capital requiere?
–Es cierto, esta es una situación crítica y evidentemente inédita, que está generando nuevos desafíos en materia de desarrollo urbano, pero al mismo tiempo los problemas que han hecho que la pandemia se agrave no son nuevos. De todo esto se venía hablando desde hace varios años. Por ejemplo, está la movilidad, que estaba enfocada sobre todo en el transporte en vehículos privados. Aunque se sabía de las ventajas de virar hacia un modelo que promueva también la movilidad sostenible no motorizada, la inercia de décadas de haber estado priorizando el vehículo privado complicaba mucho cambiar de paradigma. De pronto, todo ello, con los efectos de la pandemia, cobra ahora mayor sentido. Yo veo esta coyuntura como una oportunidad de acelerar algunos cambios en diversos temas que hasta antes de la pandemia estaban relegados a un segundo plano.
–¿Cómo traducir estos cambios de comportamiento en nuevas políticas urbanas?
–La gente ha comenzado a cobrar conciencia de que los vehículos no motorizados son un medio de transporte y no solamente cumplen una función recreativa. Hoy se entiende que este tipo de movilidad requiere de espacio en las calles, y se están creando grandes ciclovías sin que nadie se esté quejando, lo que hace seis meses era impensable. Un ejemplo interesante es la propuesta de la ATU de habilitar una ciclovía en la avenida Fernando Wiesse, en San Juan de Lurigancho, lo cual es muy positivo. Hace solo unos meses era imposible pensar que se podría implementar algo así, porque chocabas con los taxis colectivos y con una mentalidad cerrada a este tipo de iniciativas.
–¿Estamos, entonces, ante un momento bisagra, ante la oportunidad política de emprender ciertas reformas?
–Siempre he dicho que los desastres son una oportunidad. Pero hay que aprovechar este momento de conmoción, porque luego pasan dos o tres años y la gente se olvida otra vez, y vuelve la actitud reactiva ante los cambios. Yo prefiero verlo más por el lado positivo, dentro de lo difícil que es todo esto, porque entiendo que se están generando condiciones favorables para los cambios de conducta de la ciudadanía y para la toma de decisiones de las autoridades.
–Pareciera que el problema no radica en la ausencia de propuestas técnicas, sino en la falta de voluntad política para sacar adelante estos grandes proyectos que la ciudad requiere. ¿Qué papel juegan en todo esto los urbanistas y arquitectos?
–Es cierto. Yo tampoco creo que el problema sean las propuestas técnicas: el gran problema es la implementación y la gran distancia que existe entre lo técnico y lo político. Por el lado de los técnicos, si bien podemos plantear proyectos muy buenos, viables y de alto impacto, si no creamos las condiciones políticas necesarias para su ejecución, estas propuestas terminan viéndose muy condicionadas.
–¿Y desde el lado político? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las reformas urbanísticas pendientes?
–Creo que el gran desafío político pasa por dos grandes temas. Por un lado, la dificultad de enfrentar un sistema tan informal y desorganizado, que hace que un porcentaje alto de la ciudadanía se vea afectado ante las grandes reformas, que de todas maneras tienen que hacerse, porque al final son para el beneficio de la ciudad y la mayoría de las personas. Esto se evidencia en las grandes resistencias que provoca la reforma del transporte o cuando hay que sacar a invasores de los terrenos. Son medidas muy impopulares, pensadas en el largo plazo, y que muy pocos están dispuestos a comprarse.
El segundo desafío es la sostenibilidad de esas cosas. Porque no son cambios que van a darse en uno o dos años. Es el caso de la ATU, donde creo que ha habido una sobreexpectativa de los resultados; muy probablemente se van a requerir de cinco a diez años para que se pueda formalizar todo el transporte, aunque siempre hay que tener la habilidad de mostrar resultados rápidos a pesar de que las grandes reformas vayan a tomar más tiempo.
–¿Necesitamos, entonces, autoridades kamikazes, dispuestas a inmolarse políticamente para resolver los grandes problemas de la ciudad?
–No necesariamente. Necesitamos autoridades que tengan habilidad política para no quemarse y, al mismo tiempo, empezar estas reformas y sostenerlas, algo en lo que creo que es donde nuestras actuales autoridades están fallando. Por eso, cada vez que escucho que la gente dice “la siguiente autoridad tiene que ser un gran gestor”, la verdad, yo me mato de risa. Lo que necesitamos es un político, alguien que nos convenza de que estas reformas, que van a afectar a un porcentaje alto de la población, son necesarias y que, a la larga, nos van a beneficiar a todos.
–En las páginas de esta revista hemos compartido grandes proyectos para la ciudad que casi siempre terminan encarpetados por falta de voluntad política. ¿Cómo propiciar grandes reformas en un escenario en el que las autoridades parecieran obsesionadas con entregar proyectos efectistas que garanticen su popularidad?
–Creo que los grandes cambios pasan por tener una mirada estratégica, identificar las oportunidades y empezar a accionar microintervenciones en lugares específicos, que quizás no generen transformaciones tan profundas, pero que propicien una corriente de opinión pública positiva con respecto a los cambios en la ciudad. Por ello, es necesario manejar los tiempos: por un lado, el corto plazo que te da legitimidad y que hace que la gente vea que se está transformando la ciudad de a pocos, y por otro lado, no abandonar el largo plazo, que lamentablemente es lo que suele suceder.
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José García Calderón es contundente al explicar que, desde hace mucho tiempo, se sabe qué es lo que hay que hacer y dónde hay que hacerlo. Los planes y proyectos para la ciudad están listos para implementarse, pero se requieren autoridades hábiles y responsables, dispuestas a generar grandes cambios y asumir el costo político de estos procesos, nunca exentos de críticas y dificultades. ¿La pandemia quedará en el recuerdo de los limeños solamente como una tragedia inevitable? ¿O podría convertirse en el desastre sobre el cual forjamos las bases para construir una nueva y mejor ciudad?
Artículo publicado en la revista CASAS #285