Burocracia excesiva y políticas incoherentes erosionan la confianza ciudadana. ¿Es la ineficiencia estatal el mayor obstáculo para el crecimiento? Líderes financieros, como Jamie Dimon, instan a repensar marcos regulatorios para atraer inversión y fortalecer las economías.
Por Rollin Thorne Davenport*
Durante el foro APEC CEO Summit 2024 llevado a cabo recientemente en Lima, Jamie Dimon, actual CEO de JP Morgan y una de las figuras más influyentes del sector financiero mundial, destacó un problema crucial que afecta a las economías de todo el mundo: la ineficiencia en el sector público. Según Dimon, esta ineficiencia es una de las razones por las cuales los ciudadanos se sienten cada vez más insatisfechos con sus gobiernos. Asimismo, enfatizó que los gobiernos deben priorizar el crecimiento económico, asegurando que los marcos regulatorios, fiscales y de incentivos estén diseñados para fomentar la inversión y la creación de riqueza. Estas reflexiones no sólo abordan la realidad económica global, sino que también invitan a reflexionar sobre cómo la falta de eficiencia gubernamental impacta directamente en la confianza ciudadana y en la efectividad de las políticas públicas.
La ineficiencia gubernamental se manifiesta de diversas maneras: burocracia excesiva, políticas públicas incoherentes, marcos regulatorios confusos o contradictorios, y un gasto público desmedido en áreas que no generan retornos tangibles. Estas fallas no solo desincentivan la inversión privada sino que alimentan la frustración ciudadana. Cuando los ciudadanos perciben que sus impuestos no se traducen en servicios de calidad o infraestructura eficiente, su confianza en el sistema disminuye. Este descontento crea un terreno fértil para el populismo y otras ideologías contrarias al desarrollo, que suelen presentarse como una solución inmediata a problemas complejos.
El populismo, en su esencia, promete soluciones rápidas y fáciles muchas veces ignorando los principios básicos del crecimiento económico y la atracción de inversión. Por ejemplo, políticas que buscan redistribuir riqueza sin previamente contribuir a la generación de valor tienden a erosionar los incentivos para invertir y producir. Esto no sólo perjudica a los empresarios y emprendedores, sino también a los trabajadores que ven reducidas sus oportunidades de empleo y mejora salarial. A largo plazo, estas medidas debilitan la economía y exacerban los problemas que inicialmente buscaban resolver. En un contexto de alta informalidad y baja productividad como la economía peruana, este problema es particularmente notorio.
Para evitar este ciclo destructivo, es esencial que los gobiernos prioricen el crecimiento económico como eje central de su gestión. Esto implica diseñar marcos regulatorios claros y predecibles que propaguen la seguridad jurídica, reducir la burocracia estatal, garantizar un sistema fiscal competitivo y promover incentivos que atraigan inversión privada. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reducir la pobreza y aumentar oportunidades laborales. Sin embargo, este objetivo sólo puede lograrse si el sector público actúa como facilitador y no como obstáculo.
En última instancia, la atracción de inversión privada debe ser vista como el principal motor del crecimiento económico. Solo un entorno donde se respeten las reglas, se fomente la innovación y se premien los esfuerzos productivos permitirá a los países prosperar. Ignorar esta realidad no sólo perpetúa la ineficiencia, sino que condena a las sociedades a ciclos recurrentes de inestabilidad y estancamiento económico.
*El autor es actualmente asesor parlamentario en el Congreso de la República.
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