Mientras el gobierno es duro con la empresa privada y paraliza toda actividad minera, el crimen y la minería ilegal crecerán exponencialmente.

Por: Isabel Miró Quesada

Hay un notorio desfase entre el gobierno y la sociedad, entre la formalidad oficial y la ilegalidad social, entre los líos de la presidenta y los problemas del país. Solo eso explica las realidades paralelas a las que asistimos desde hace meses los peruanos, atónitos.

Mientras la minería ilegal y el sicariato destrozan lo poco del tejido social que nos queda, la presidenta planea aumentarse el sueldo. No es casualidad ni coincidencia. La propuesta de incrementar los honorarios presidenciales lleva algunos meses y fue una de las razones de la salida del anterior MEF. Pero la delincuencia desbocada lleva también varios meses, sino años. Porque el reciente asesinato de 13 mineros en Pataz es solo el último golpe del crimen organizado metido en la minería ilegal.

Este problema ya lleva años. Mientras, la ciudadanía marcha contra la delincuencia, la presidenta se opera el rostro. Mientras asesinan bodegueros y transportistas, la presidenta colecciona relojes caros. Mientras la delincuencia pide cupos, la presidenta pide viajar al Vaticano.

¿Cómo explicar esta falta de sintonía? No es solo frivolidad, como en el caso de Nadine Heredia y sus compras. El actual contexto post pandémico y en plena crisis económica es radicalmente distinto. Encima de la frivolidad, esta vez también hay indolencia, ausencia de empatía y cero sentido común.

Pero la falta de criterio de la presidenta se inserta en una estructura mayor, que es la formalidad oficial. En ese mundo legal, la casta política en el gobierno cree que la solución pasa por hacer más leyes y declarar nuevamente un inútil estado de emergencia. Y por eso el gobierno ahora suspende por 30 días la actividad minera en Pataz. Como si la minería ilegal fuese a hacer caso al toque de queda.

Suspender la minería solo perjudicará a las empresas que pagan impuestos, contribuyen con el canon y cumplen con los interminables requisitos medioambientales y legales que implica ser formal en el Perú. Y le dará carta libre a la criminal minería ilegal, que seguirá asesinando y contaminando sin regulación alguna. Con el precio de la onza de oro por los cielos, el sicariato solo empeorará.

Así es como el gobierno (y el Estado) desalienta aún más la formalidad. Y no solo lo hace con la minería formal. Lo hace en casi todos los ámbitos de la esfera pública.

Otro ejemplo es el entorno político. El poder judicial ha maltratado por años a los empresarios formales que han osado meterse en política de forma transparente para financiar campañas electorales. Los empapelaron, los persiguieron y les dieron prisiones preventivas. Y cuando finalmente se prohibió el financiamiento de partidos por parte de las empresas privadas, oh sorpresa, creció exponencialmente el financiamiento de partidos por parte de las economías ilegales.

La Fiscalía ha sido muy valiente para fiscalizar a la empresa privada, pero abiertamente cobarde para investigar el flujo de dinero negro que financia a candidatos y partidos.

¿Alguien ve a algún fiscal pidiendo detención preliminar para las bandas de sicarios, a las mafias de cupos o a los capos del narcotráfico? ¿Acaso algún fiscal se ha atrevido a usar las figuras de «organizaciones criminales» y «lavado de activos» en el mundo de la minería ilegal y la droga? No. Solo se atreven a abusar de esos recursos con la empresa privada y el sector formal de la política.

El escenario que hoy (sobre) vivimos es el resultado de ese desfase entre la absurda dureza con la que se trata al sector formal y la abierta impunidad en la que actúa la criminalidad que se esconde en la ilegalidad. Y con las acciones de una presidenta frívola e indolente, todo solamente empeorará.

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