La vieja receta según la cual se puede crecer económicamente bajo sistemas políticos autocráticos y, peor todavía, bajo inestabilidad política continua, se sostiene cada vez menos en el mundo.

Al cabo de veinticinco años de crecimiento económico en el Perú –diez de ellos en autocracia y quince dentro de reglas democráticas–, el 2017 marca el punto límite en el que ya no será posible transitar un nuevo periodo de inestabilidad política sin que este pueda afectar gravemente las bases mismas de ese crecimiento: la disciplina fiscal y las reglas de juego confiables que demandan las inversiones.

No es un recuerdo grato que la caótica intervención política de los últimos cinco años esté estrechamente asociada con los pésimos resultados de gestión presupuestal del gobierno central y de los gobiernos regionales, y con el desastroso manejo de los conflictos sociales; entre ellos, los vinculados a los megaproyectos mineros, unos paralizados y otros en riesgo de colapsar.

El primer ministro Fernando Zavala encara el reto de poner la política al servicio de la ciudadanía.

Consciente de que un equivocado enfoque y una mala administración de este punto límite de inestabilidad política pueden causar, precisamente, estragos irreparables en el modelo económico, el gobierno abandonó hace poco su perniciosa tendencia a ceder a presiones radicales de derecha e izquierda para finalmente colocarse en el centro estratégico en el que debe estar, que no tiene que buscar eliminar las tensiones ni discrepancias con la oposición parlamentaria fujimorista –que, de hecho, habrá–, sino construir factores duraderos de gobernabilidad, como lo demuestra la puesta en marcha de los decretos legislativos que provienen justamente de las facultades concedidas al gobierno por el Congreso.

De finales de julio a finales de diciembre, el gobierno y el Congreso perdieron demasiado tiempo en rumiar los malhumores y rencores de una campaña electoral sumamente reñida, de modo que ambos venían siendo empujados a una confrontación sin fin desde el antifujimorismo y desde el antipepekausismo, cuya cúspide fue la interpelación y posterior censura del ex ministro de Educación Jaime Saavedra.

Dos hechos inesperados y ruidosos vinieron irónicamente a nivelar y serenar el piso político. De un lado, el diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, propiciado por el cardenal Juan Luis Cipriani, que, con toda la polémica que despertó el hecho de que tuviera lugar en la casa de este, sirvió para que ambos líderes políticos dejasen atrás algunos de los más recalcitrantes demonios personales de la campaña electoral y emitieran señales de entendimiento. De otro lado, la inminente revelación de los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, y la gestión municipal de Susana Villarán, hace tan amplio el radio de alcance y acción de la corrupción, que esta ya no puede ser ventilada solo como un fenómeno propio del fujimorismo y el aprismo, sino también como la piedra con la que habrían tropezado más de dos veces otros importantes sectores políticos en goce del poder, incluidos sus líderes y funcionarios.

Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, confesó haberse reunido en 2011 con los entonces candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala.

Ya no es, pues, fácil políticamente agitar las alas de la anticorrupción en la vereda de enfrente cuando se las tiene también arremolinadas en la propia. Y, por consiguiente, la corrupción dejará de ser durante un largo tiempo el factor de polarización que hasta hace poco dividía el país en buenos y malos, en héroes y villanos, en pillos y decentes, para pasar a constituir el mal peruano a combatir por todos, antes de que termine de destruir las escasas reservas morales e institucionales del país.

A diferencia del sistema anticorrupción que siguió al derrumbe del régimen de Fujimori y Montesinos, en 2000, que tuvo que partir de cero, porque todo estaba moralmente en añicos, desde las procuradurías hasta los tribunales, pasando por las fiscalías, hoy en día tenemos poderes democráticos, plenamente constituidos, y tendremos que aprender a confiar en su honestidad, eficiencia y resultados. El presidente Kuczynski; la presidenta del Congreso, Luz Salgado; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; y el jefe del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; no tienen que ser los grandes figurones de la anticorrupción. Los necesitamos para una sola y sencilla demostración: la de ser la severa y ejemplificadora fuerza moral del país, absolutamente reñida con la impunidad.
El punto límite al que ha llegado la inestabilidad política del país tiene que estar en la agenda del gobierno y del Congreso. No hay manera de revertir la inseguridad ciudadana, por ejemplo, si una reforma política impulsada por estos dos poderes del Estado no crea los mecanismos de eficiente interacción entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es convocando un Consejo de Estado que se resolverá esta interacción. Tampoco podrán revertirse los actuales desbalances de representación política y el retorno a elevados grados de desconfianza en las condiciones y procesos electorales (2018 y 2021) si los proyectos de reforma correspondientes siguen estancados y otros nuevos apenas si logran una tímida maduración.

A la luz del autoritarismo del pasado, la bancada mayoritaria fujimorista tiene un compromiso implícito y explícito de trabajar por las reformas políticas pendientes, elevándose por sobre la falsa arrogancia de la paternidad de la Constitución de 1993, que no por haber generado estabilidad económica y financiera en el país puede mantenerse intacta. Nada hará más viable y digno el papel del fujimorismo del futuro, como alternativa de poder, que contribuir no solo a la gobernabilidad del país, como lo viene haciendo, sino a la introducción de cambios y mejoras en la Carta Política del 93. Rasgarse las vestiduras sobre cada proyecto importante de reforma constitucional devuelve a Fuerza Popular a las intransigentes fuentes de 1990 al 2000, que se supone ya debieron quedar muy atrás.

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Por Juan Paredes Castro*

(*) Juan Paredes Castro, analista político, ex editor central de Política y ex director (a.i.) de “El Comercio”. Actualmente es columnista del mismo diario y colaborador de COSAS.