La situación en todo el país, con énfasis en la zona costera, es crítica, y el norte del departamento de Lima no ha sido la excepción: el río Supe se ha desbordado, lo que ha aislado a varias poblaciones y a la ciudadela de Caral, Patrimonio de la Humanidad. Ruth Shady, quien fundó en 1994 el Proyecto Arqueológico Caral y dirige desde 2003 el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe, se encarga de revalorizar y proteger la ciudadela y sus alrededores, y es evidente que, en estos días tan complicados para la zona, ha estado supervisando y ayudando, en la medida de lo posible, a los ciudadanos perjudicados por el desastre.
“Necesitamos una visión de cómo generar condiciones para que la gente no abandone las tierras donde ha nacido”, señaló Shady.
“Estoy bastante afectada”, dice la arqueóloga a su llegada a Lima, luego de volver de Caral. “La carretera está interrumpida y la población se encuentra en una situación complicada. Lo más grave, en lo que respecta a nuestra labor, es que nuestros trabajadores, que viven en la otra margen del río Supe, no han podido llegar al complejo para continuar con sus funciones. El río se ha salido de su cauce y se ha formado otro”, agrega.
Shady advierte que gran parte de lo que ha sucedido en el valle del río Supe pudo evitarse. “Desde el 2012”, señala, “gestionamos un expediente técnico para el encauzamiento del río, porque sabíamos que esto podía suceder. Eso quedó en manos del gobierno regional de la época, con un presupuesto designado, pero no se hizo nada”, añade la arqueóloga, visiblemente fastidiada.
Esfuerzos multidisciplinarios
También desde 2012, Ruth Shady convocó a Carlos Amat y León, reconocido ingeniero agrónomo, economista y ex ministro de Agricultura en dos gobiernos distintos (el primero de Alberto Fujimori y el de Alejandro Toledo), a quien solicitó que armara un equipo con profesionales de diferentes ámbitos para realizar talleres de capacitación y discusión con la población y los alcaldes de la zona. Después de esos talleres, que sirvieron para evaluar la situación en la que se encontraba el valle de Supe y el complejo arqueológico, se llegó a la conclusión de que había que realizar cuatro proyectos. El principal tenía que ver con el encauzamiento del río, que ya en anteriores ocasiones (principalmente, en los Niños de 1982-1983 y 1997-1998) se había desbordado y afectado a la población. Los otros tres consistían en impulsar el mantenimiento de los canales y reservorios a lo largo de la cuenca; la reforestación para recuperar la franja marginal, y la agricultura ecológica.
Las lluvias, los huaicos y los desbordes han aislado a miles de personas a lo largo de la costa peruana.
Shady comenta que consiguieron el apoyo del Fondo Contravalor Perú-Francia y que, incluso, en un acto público, se entregaron los expedientes a Javier Alvarado, presidente de la Región Lima en ese entonces. “Yo estuve muy contenta”, señala la arqueóloga, “pensando que esos proyectos se iban a ejecutar y que el presidente regional iba a conseguir los fondos faltantes. Pero pasaba el tiempo y no ocurría nada, y nosotros no podíamos hacer mucho al respecto. Un tiempo después, solicité al viceministro de Economía que nos ayudara a que el gobierno regional ejecutara los proyectos”. Precisamente, en 2012, el gobierno de Ollanta Humala publicó un decreto de emergencia que aprobaba los proyectos, por lo que Shady se reunió con Javier Alvarado, quien le dijo que ya tenía los fondos y que iban a comenzar a ejecutarlos.
“Lo que terminaron haciendo fue mover piedras en las márgenes y el río terminó llevándose todo lo construido”, dice Shady. “Esta vez solicitamos a Nelson Chui, nuevo gobernador regional de Lima, que nos mostrara en qué se ha avanzado y cómo se ha ejecutado el presupuesto, pero tampoco obtuvimos respuesta”.
Falta de voluntad política
Carlos Amat y León colaboró con la elaboración de los expedientes técnicos de los cuatro proyectos, pero, al igual que Ruth Shady, afirma que es muy poco lo que ha cambiado. “El problema ya no es de presupuesto; es de voluntad política”, manifiesta Amat y León. “Lo que falta es una autoridad competente que entienda de este tipo de situaciones y sepa manejarlas. Entre los gobiernos regionales, el gobierno central y las alcaldías hay demasiadas autoridades que no se ponen de acuerdo, y aquí están las consecuencias”, agrega.
“Hay demasiadas autoridades y no se ponen de acuerdo. Se tiene que reformar el Estado”, sostiene Amat y León.
“Desde mi perspectiva”, retoma Ruth Shady, “el problema pasa por hacer que se cumplan las normas. Debe llevarse a cabo un ordenamiento territorial; la población no puede instalarse en lugares peligrosos. Debemos aprender de nuestros antepasados, que han sabido edificar sus centros poblados en sitios protegidos. Hay tecnologías que utilizaban para evitar este tipo de desastres, como la canalización del agua hacia lugares biológicamente permeables, donde se creaban ríos subterráneos. Ahora, la gente no tiene en cuenta esas tecnologías tradicionales y quiere aplicar modelos que no vienen al caso”.
Amat y León complementa la idea de Shady. “Hay que continuar con la tecnología tradicional y enriquecerla con todo lo moderno de ahora; encauzar el río como se hacía hace cinco mil años –esa siempre fue la mejor manera– con defensas ribereñas y, en torno a ello, plantar el bosque tradicional de huarangos que da una protección mayor al río. Si se hubiera ejecutado ese proyecto, esto no habría sucedido”, concluye el ingeniero agrónomo.
Si acaso, una buena noticia en medio de este panorama desolador es que la ciudadela de Caral no está en riesgo de desaparecer o de sufrir daños mayores. “Ninguno de los once sitios arqueológicos está en riesgo, justamente, porque nuestros ancestros los edificaron en lugares que están encima del nivel del valle, sobre terrazas fluviales y protegidos del crecimiento del caudal del río”, finaliza Shady.
La arqueóloga invita a la reflexión y a la unión de los peruanos, pero, en especial, a la acción de las autoridades, que tienen en sus manos un grave problema que pudo haberse evitado.
Por Dan Lerner
