Hernando de Soto, uno de los economistas más influyentes del mundo, ha regresado al Perú por una temporada, para proponer una alternativa a los conflicto contra la minería en Cajamarca, una fórmula que podría no solo resolver el clima de violencia, sino impulsar la economía de las zonas más pobres del país.* 

Por Luis Felipe Gamarra

Hernando de Soto acaba de regresar de Medio Oriente, donde está tratando de modificar las estructuras productivas de países que acaban de atravesar una primavera árabe sangrienta, por culpa de sistemas económicos que solo satisfacen el hambre desmesurado de las élites. Por ese motivo, de Soto analiza los problemas con una perspectiva que va más allá de la mirada local.

No solo por ser uno de los economistas más influyentes del mundo, ni porque dirige el Instituto Libertad y Democracia (ILD), uno de los think tank más reconocidos del planeta, sino porque el mensaje que comparte desde hace 32 años con el mundo resulta tan poderoso, que no ha perdido ninguna vigencia. Ahora, de Soto está preocupado. Afirma que el descontento es una amenaza, que podría, si no se controla, terminar como en Túnez, donde pequeños empresarios se quemaron vivos.

Algunos dirán que es un alarmista. Pero de Soto está acostumbrado. Lo han calificado como terrorista financiero por sus dichos sobre la crisis global. No le importa. Está en el Perú, para ofrecerle al presidente Humala un plan para resolver la pobreza, ¿Qué le responderá el presidente?

Las cifras de pobreza han caído en los últimos años, sin embargo, existen altos índices de descontento. ¿Se está leyendo la reducción de la pobreza con los indicadores correctos?

Todas las mediciones son arbitrarias y, a medida que la civilización avanza, aparecen más elementos para medir la pobreza. En base a los factores con los que se mide en el Perú, parecería que existe menos pobreza. Pero la pregunta no debería ser ¿cuánta gente aún es pobre?, sino ¿cuán pobre aún se siente la gente con respecto al resto? Y todo indica, por el clima de conflictividad, que los que se sienten excluidos son más de los que sospechábamos.

No existe lugar a dudas de que el Perú, en su conjunto, ha hecho progresos, pero es evidente que una parte del país no está satisfecha con el nivel del avance. La buena noticia es que las señales de esta crisis han llegado a tiempo, para reexaminar hasta qué punto todos nos sentimos iguales, y corregir nuestras desigualdades, antes de que sea tarde.

Usted fue un crítico duro del candidato Ollanta Humala. Ahora, que el aspirante a jefe de Estado se hizo presidente, ¿sigue pensando lo mismo de él?

Nunca he sido un crítico personal del presidente Humala. Pero la política económica que él propuso en campaña no era coherente. Su primer plan, con toques marxistas, le iba a hacer daño al país. Ha habido un cambio, que demuestra coraje, sobre todo si se dijo que se iba a hacer lo contrario. De parte del presidente Humala, observo buena voluntad, y la flexibilidad necesaria para enmendar el camino cuando siente que se equivoca, como lo hizo con la Hoja de Ruta, con los cambios de gabinete, y con la orientación de la economía. Esto revela su tino político, porque está avanzando al margen de las ideologías.

¿Diría que el presidente ha mantenido el modelo peruano, con sus virtudes y defectos, con piloto automático en lo macroeconómico, pero sin hacer las reformas de Estado que se necesitan.

Se ha mantenido el modelo macroeconómico que llevó el ILD a Nueva York, en 1990, con la contribución de Carlos Rodríguez-Pastor Mendoza, cuando logramos que el Perú alcanzara un acuerdo con el FMI. Pero ese modelo exigía, además de insertar al Perú al sistema financiero, insertar a los pobres a la economía de mercado y el derecho. Ese era el objetivo, porque si el sistema no integraba a los pobres no iba a tener éxito. Ha habido logros en lo macro. Pero, en estos 22 años, no se hizo suficiente por los pobres, a los que se les ha negado los mismos derechos que a las grandes empresas. Por ese motivo el termómetro arroja resultados positivos, pero los hechos revelan que la enfermedad aún es grave.

El Perú crece pese a la crisis global, sin hacer las reformas de segunda generación, ¿se podrá mantener esta misma situación unos años más?

Salvo si Santa Rosa de Lima hace un milagro especial, convirtiendo el Perú en una isla de bienestar mientras el mundo se hunde, la crisis nos va a pegar duro. Lo dije hace cuatro años, el impacto de la crisis será inevitable. Países más industrializados que nosotros sufren un calvario. Van a tener que pasar muchas cosas terribles antes de que la economía global se recupere. La buena noticia es que si el Perú corrige pronto sus problemas de mercado, va a sobrevivir mejor la tempestad que otras economías.

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¿Por dónde recomendaría que se deba empezar?

Constituyendo instituciones públicas sólidas, capaces de otorgar derechos sobre la propiedad a todos los peruanos por igual.

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El gobierno ha identificado la inclusión social como la clave del problema, ¿su diagnóstico es el correcto?

La inclusión no es un problema social, es un reto económico y legal. En el Perú, todos formamos, salvo por algunos prejuicios, parte de la misma sociedad. Donde sí existe exclusión es al hablar de derechos económicos, a los que muchos peruanos no acceden por falta de derechos legales sobre su propiedad. Inclusión económica es que todos los peruanos tengan las mismas posibilidades para hacer empresa, contratar estudios de abogados, ser representados por un gremio, por un Estado, pagar impuestos, para exigir mejores servicios.

Pero, en el país, los peruanos hacen empresa al margen de estos beneficios. Existen políticos que creen que los pobres no se pueden defender, por eso les quitan sus derechos, o los limitan, para que el Estado los acoja. Pero se equivocan, porque los pobres saben defenderse perfectamente.

¿Los pobres acaso no necesitan ayuda del Estado para evitar que las grandes compañías extractoras los desaparezcan?

Todo lo contrario. El Estado, al no darles derechos a los pobres, los deja desamparados frente a las grandes empresas extractoras, que sí poseen títulos de propiedad, defendibles por Tratados de Libre Comercio, garantizados por el Banco Mundial. Los que creen que los comuneros no compran o no venden se equivocan. Lo hacen, solo que, por no tener su propiedad inscrita, se castiga el precio. Cuando las grandes compañías llegaron a Cajamarca, encontraron que los comuneros no tenían la misma cantidad de parcelas, unos tenían cinco, otros diez.

Entre ellos ya transaban. Cuando la empresa ofreció un valor por las tierras, se estableció un precio menor, porque los derechos de propiedad tenían que ser subsanados en un registro. La comunidad, en su primer encuentro con la globalidad, quedó en desventaja, porque el Estado no supo darles los mismos derechos que sí le otorgó a la empresa.

¿Pero con un título, el comunero venderá y se va a quedar sin tierra?

Por tener un título uno no vende una propiedad per se, sino que si decide hacerlo, lo hará por un valor justo. Y si se queda con su título, accederá al mercado financiero formal, tal como las empresas, para explotar la tierra a través de la agricultura, la ganadería o la minería. Este es un viejo argumento del ILD.

Incluir a los pobres, bajo la modalidad que propone, implica una revolución de carácter nacional, ¿observa liderazgo en esta administración para asumir este reto?

Durante la campaña, el presiente Humala repetía la frase ‘inclusión social’ por donde iba, lo que me hace pensar que desde ese entonces era un deseo íntimo. Pero lograr este objetivo no es fácil. No sabría decir si Humala ya encontró la fórmula, o si está convencida de ella. No lo he visto. Por el momento, no observo un indicador que señale que estamos en la pista correcta.

¿Las mesas diálogo no podrían contribuir con resolver los conflictos en forma más pacífica, tal como lo plantea el gobierno?

Dialogar es noble, y no dudo que es parte de la solución, pero no es un sustituto para la institucionalidad. Una mesa de diálogo significa reconocer que existen dos partes que no son iguales frente al derecho. Dos países con derechos distintos negocian un tratado, como Chile y Perú, que se van a una mesa de diálogo para determinar qué parte del mar les corresponde. Pero ponernos a negociar entre peruanos es reconocer que dentro del Perú existe gente que no está reconocida por la Constitución, a la que no le bastan las leyes para sentirse reconocida.

Cada vez que el Estado pone una mesa, pierde soberanía. Hace 200 años, en Europa, existían 65 castillos a los largo del río Rin. Cada vez que un barco pasaba, tenía que sacar una mesa de negociación 65 veces, para determinar cuánto le iba a pagar a cada señor feudal, porque aún no existía el concepto de nación. En el Perú, si yo vendo mi casa, no llamo al alcalde de Surco para que me represente, ni armo una mesa de diálogo, porque me basta el derecho para tratar con el comprador. Pero, si el alcalde, y mis vecinos sacamos una mesa, nos convertimos en una república independiente. Si no queremos señores feudales, no pongamos una mesa de diálogo cada 100 kilómetros.

Hay quienes dicen que se debe aplicar el derecho por la fuerza

La fuerza se aplica cuando el derecho ha fallado. Pero, en este caso, existen ciudadanos a los que se les ha negado el derecho. La fuerza policial no resuelve el problema fundamental, que no es la anarquía, sino el caos de estar configurando un derecho fragmentado cada tantos kilómetros.

Hernando de Soto Revista COSAS

Le acaba de hacer un regalo al gobierno del presidente, un proyecto de ley donde están las claves de su propuesta, ¿lo han llamado para agradecerle?

Hasta ahora no, solo he recibido algunos comentarios de representantes regionales por correo, que son cordiales, pero también críticos. No diría que son buenos, pero sí interesantes. Me gustaría colaborar con el gobierno. Si trabajo en África, Asia y Medio Oriente, tratando de resolver las causas de la pobreza, ¿cómo no trabajaría en mi país? Pero si exigiría que el jefe de estado esté convencido, porque este asunto no lo vamos a resolver los técnicos, sino el presidente, que posee el poder para cambiar el sistema legal para que se adecúe a la mayoría de peruanos.

Este obsequio también se dirigió a Gregorio Santos, presidente de la región Cajamarca, ¿si lo llama lo asesoraría, pese a que ha utilizado políticamente este conflicto?

No conozco ningún político que no busque ser elegido. Gregorio Santos es un hombre inteligente, ideológicamente coherente, que ha sabido congregar un apoyo importante. Es un indignado por injusticias que yo comparto. Pero si busca enfrentarse a la empresa, tratando de igualar hacia abajo, se equivoca. Santos debe empoderar a su gente, igualando hacia arriba, así le va a ir mejor a él, a su gente y al país.

¿Qué significa igualar hacia arriba?

Fortalecer el derecho a la propiedad de todos los peruanos, pero sobre todo de los más pobres, para que puedan acceder al mercado, al sistema financiero mundial y formar capital. Si Santos, el presidente Humala, o quien sea, formalizan la propiedad y la posibilidad de los cajamarquinos de formar empresa, permitirá que los comuneros tengan la posibilidad de crear el mismo capital a partir de su tierra, tal como las empresas a partir del derecho que les otorga el Estado para explotar el subsuelo.

¿Cree que el presidente Humala debería revisar la posibilidad de otorgarle al ex presidente Alberto Fujimori el indulto, por su estado de salud?

Tengo en la cabeza imágenes, como aquella en la que los dos conversábamos sobre cómo resolver la pobreza. Yo tenía polvo en el saco, porque acababa explotar un coche bomba en el edificio en el que estaba. Y Fujimori tenía esquirlas en su chaqueta, porque estuvo cerca de otra bomba. Eso fue antes del golpe, de Montesinos. Recuerdo esa escena con afecto. No fue fácil hacer el cambio de modelo económico en esas condiciones. Fujimori cometió un terrible error, dejar las puertas abiertas para que gente corrupta robara a manos llenas. Yo lo vi venir, lo denuncié, y renuncié. Hubo un primer año de heroísmo que merece la consideración del presidente Humala.

 

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*Entrevista publicada originalmente en la Revista COSAS el 21 de setiembre de 2012.