Pérez Tello propone la creación de un mapa sobre el sistema judicial peruano para mejorar la gestión y las políticas públicas vinculadas a este rubro. Además, revisa algunos de los anuncios hechos por parte de funcionarios públicos como el alcalde de Lima y el presidente de la República.
Por Hugo Flores
En los últimos meses, la tensión política se ha acrecentado en el país. En ese contexto, Marisol Pérez Tello opina que el caos en la administración de justicia es la madre de los problemas, y que la corrupción y la inseguridad solo son síntomas de esa situación.
En esta entrevista, la también actual secretaria general del Partido Popular Cristiano (PPC) revisa las acciones tomadas en torno al caso Lava Jato y los desafíos de las entidades vinculadas al sistema de justicia.
Mucha gente está incómoda por casos en los que la administración de justicia parece fallar, como cuando la fiscalía denuncia o pide detener a policías que hirieron a ladrones. ¿Cómo ve esta situación?
Más que incómoda, la gente siente que eso no es justo ni razonable. A eso súmale la corrupción. Entonces, los ciudadanos ya no solo lo consideran injusto, sino que cuestionan el propio respeto a la ley. Están fallando muchas cosas, como la ligereza con la que se lleva un proceso, la falta de capacidad para dar una buena defensa, la poca comprensión de las normas por parte de algunos operadores de justicia. Sin embargo, creo que también hay jueces y fiscales probos, y debemos confiar en ellos.
¿Cuál es el impacto de los recientes casos de corrupción sobre las entidades responsables de administrar justicia en el país?
Visibliza una tragedia, la cual venía decantándose desde (la implementación) de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), un primer esfuerzo que buscaba evitar que se llegara hasta la actual situación, pero que ponía en evidencia a un Estado que caminaba hacia la incapacidad de hacer cumplir la ley. El caos en la administración de justicia, que genera una impunidad galopante, es el verdadero problema. La corrupción, la inseguridad, las conductas antijurídicas son, simplemente, síntomas de esa situación.
“El Estado se iba a allanar en los juicios que mantiene con personas que reclaman una pensión de la ONP. Eso todavía no se ha concretado”, advierte Pérez Tello.
En el extranjero, el Perú es considerado un buen ejemplo de lucha contra la corrupción, debido a que existen varios procesos en curso contra importantes exfuncionarios. ¿Se puede afirmar que se está acabando la impunidad en el país?
Se ha dado un primer paso, pero falta mucho por hacer. El año pasado, el presidente, en su discurso de 28 de julio, dijo que había que tomar conciencia sobre el estado de la justicia en el país. Aseguró que, además de todos los proyectos que iba a presentar, iba a dar otras señales. Por ejemplo, una de sus promesas fue que el Estado se iba a allanar en los juicios que mantiene con personas que reclaman una pensión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Eso todavía no se ha concretado. De otro lado, no le puedes decir a la ciudadanía que has emprendido la lucha contra la corrupción si existe mucha informalidad en el propio Estado. Todos los contratos CAS tienen nombre. Todas las órdenes de servicios no son otra cosa que un CAS en camino. Los funcionarios y la gente lo saben. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Debe el Gobierno reenfocar sus prioridades?
Yo no creo que sus prioridades estén mal. La primera ola de reformas (que se hicieron en el país) implicó achicar el Estado, abrirse al mercado internacional y privatizar las empresas públicas. Eso se hizo, y se hizo bien.
Necesitamos una segunda ola de reformas gracias a la cual se pueda llegar a un estado de bienestar mínimo, donde haya buena educación, salud de calidad, infraestructura que nos permita competir en los mercados nacionales e internacionales… Y, para lograr esa ola, necesitas institucionalidad. Son necesarias una reforma política y una reforma de justicia de verdad, y tener un clima de paz.
La abogada Marisol Pérez Tello (Tacna, 1969) fue ministra de Justicia y Derechos Humanos entre julio de 2016 y setiembre de 2017. Fotografía: Sanyin Wu
¿Qué opina sobre la reforma política que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso?
El paquete que elaboró la comisión Tuesta era interesante. Abordaba los problemas de partidos y democracia interna. También tocaba los problemas de institucionalidad y la bicameralidad, no para que haya más congresistas, sino para que estemos mejor representados. Este paquete también trató los contrapesos entre los poderes del Estado y el tema del financiamiento.
Sin embargo, no todos estos tópicos figuraron en los proyectos que el Gobierno priorizó (ante el Congreso). Si bien estaban el voto preferencial y la democracia interna, no estaba la bicameralidad, y se omitió todo el tema de contrapesos. Creo que los proyectos no fueron suficientes. Solo hubieran permitido transitar a un Congreso menos malo que el actual.
En alguna ocasión, usted ha hablado de la necesidad de desarrollar un mapa de la justicia en el Perú. ¿En qué consiste ese mapa y por qué es relevante?
El país necesita saber cuántos fiscales, jueces y defensores públicos tiene. Requerimos conocer (el tamaño y todos los detalles de) la carga procesal actual. Muchas personas no saben que en el penal Castro Castro hay 6000 internos y solo 200 custodios divididos en tres turnos. Si contamos con todos estos datos, se puede tomar una mejor decisión sobre cuánto dinero es transferido (a las entidades vinculadas al sistema de justicia).
Además, se pueden desarrollar mejores políticas públicas. Esta es una herramienta sobre la cual se han trabajado todas las reformas de justicia serias en el mundo. La justicia no es un gasto, es una inversión. Un país que tiene un buen sistema de justicia atrae inversiones.
En el corto plazo, ¿qué otra medida podría aplicarse, además del mapa?
Allanarse ante ciertos procesos judiciales, especialmente en los casos de pensiones. De otro lado, es importante que el Estado pague sus deudas.
El alcalde Jorge Muñoz anunció hace unos días la anulación del contrato del peaje que administra Lamsac.
Anuncio presidencial
¿Cómo ve la propuesta que ha presentado el Gobierno para adelantar las elecciones?
La propuesta, a nivel jurídico, es constitucional, pero parte de un conjunto de premisas que no se dan. La principal es que este Congreso la vaya a aprobar.
¿El presidente debería renunciar?
No creo que deba renunciar nadie. Por el contrario, considero que todos requieren trabajar para lo que democráticamente se les eligió. Ambos poderes deberían trabajar juntos para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Acuerdos y contratos
¿El acuerdo que se ha firmado con Odebrecht debe hacerse público?
Eventualmente, debe hacerse público. No creo en el secretismo de Estado. Pero debe darse a su tiempo. Es decir, en el momento en que la divulgación no dañe la investigación. Es justo que el país pueda hacer un juicio de valor (sobre este acuerdo).
¿El acuerdo puede verse afectado si el Estado no reembolsa a Odebrecht los S/524 millones provenientes de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla?
No creo que ese dinero se devuelva, ya que la sentencia de la jueza ha sido bastante clara. Además, según lo que han dicho los fiscales y los procuradores, el acuerdo es solo sobre cuatro proyectos. Cualquier hecho que surja y que esté fuera del acuerdo, se somete a la Ley 30737, la cual establece que el dinero (por la venta de activos) se queda en el Perú y que existe un fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil.
Sin embargo, sí creo que deberían pagarse las deudas (de Odebrecht) con acreedores peruanos, ya que ello permite una inyección de capital que, a su vez, facilita el movimiento económico. Debemos tener mucho cuidado ahí, ya que tampoco podemos dejar que quiebre.
además de como ministra, Pérez Tello ha participado en política como congresista de la República en el periodo 2011-2016 por el partido Alianza por el Gran Cambio.
Actualmente, el cálculo de la reparación civil se hace sobre la base de la Ley 30737. Sin embargo, muchos economistas sostienen que el monto de reparación que el Estado debería cobrar es mucho mayor al que ha permitido la mencionada 30737. ¿Debería mejorarse esa ley?
Claro que sí. Esa ley, que reemplazó al decreto de urgencia 003, incorporó a los acreedores y definió que las empresas (que han confesado corrupción) podían contratar con el Estado. En este último punto, por ejemplo, yo hubiera hecho que, a la hora de una licitación, a estas firmas no se les reconociera su antigüedad de operaciones en el país, ni tampoco sus montos de facturación (requisitos claves en contratos con el Estado), ya que esos aspectos están vinculados a temas de corrupción. Yo haría esa modificación. De otro lado, también sacaría a los acreedores de la ley. Ellos deberían litigar a través de un proceso judicial paralelo.
Pero ¿qué pasa con el cálculo del monto?
Ese cálculo no es perfecto y debe mejorarse, ya que el mayor daño que se le ha hecho al Estado peruano está en la confianza que este transmite. ¿Cuántas empresas serias van a querer invertir en un mercado en el que las reglas se han diseñado para beneficiar a un grupo de compañías?
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció hace unos días la anulación del contrato del peaje que administra Lamsac. ¿Cómo ve esa medida?
Me parece que lo que está haciendo el alcalde de Lima es reaccionar ante un hecho que era evidente. La justicia debe estar al servicio de la gente. El concepto de seguridad jurídica en el que creo no puede utilizarse por empresas como Odebrecht. La ley no ampara el abuso del derecho. En este caso, lo que hay que hacer es revisar los actos de corrupción y perjudicar de manera justa al corrupto, sin afectar a terceros y dar condiciones de garantía jurídica para que las empresas quieran invertir en el Perú.
