Nuevamente la libertad de prensa en el Perú se ha visto puesta en jaque luego de que el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del ministro Jakke Valakivi, denunciara al equipo del programa “Panorama”, dirigido por Rosana Cueva. El delito por el cual ha sido acusado es el de revelación de secretos nacionales, el mismo que se encuentra incluido en el título de delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria del Código Penal.

El 17 de abril de este año, “Panorama” reveló en un reportaje supuestos malos manejos del presupuesto destinado a llevar a cabo operaciones de inteligencia en el VRAEM. La investigación estuvo sustentada en un documento secreto original brindado por fuentes del propio Comando General del VRAEM, en el que se justificaban los gastos de inteligencia del Fuerte Pichari en setiembre de 2015 a través de pagos a informantes y facturas que daban cuenta de costosos almuerzos con los mismos y compras de pintura, entre otros cuestionables gastos.

La investigación de “Panorama” reveló que en realidad nunca se habrían realizado esos pagos a muchos de los informantes, los cuales, al ser interrogados por los periodistas, señalaron que jamás colaboraron en ninguna operación de inteligencia.

“Lo que me irrita es que hay quienes se sienten por encima del Estado y creen que pueden usar a sus funcionarios para hostilizar a un equipo de prensa”, afirma Cueva.

“Lo que me irrita es que hay quienes se sienten por encima del Estado y creen que pueden usar a sus funcionarios para hostilizar a un equipo de prensa”, afirma Cueva.

Inicialmente, el gobierno mostró preocupación por la posible malversación de los fondos que, en teoría, deberían estar destinados a la lucha contra el narcoterrorismo. El ministro Valakivi incluso solicitó que se investigue el caso en la Contraloría.

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La sorpresa llegó varias semanas después, cuando Rosana Cueva, Karina Novoa, y otros miembros del equipo del programa “Panorama” recibieron una notificación de la demanda que enfrentaban por el delito de revelación de secretos nacionales; delito que, dicho sea de paso, no debe ser tomado a ligera pues es penado hasta con quince años de cárcel.

“Confío en que el caso se va archivar, porque, jurídicamente, no se sostiene. Igual, me incomoda tener como antecedente una denuncia por traición a la patria. Yo puedo entender que, por los gajes del oficio, me denuncien por difamación, injuria o calumnia; pero una cosa como traición a la patria es bien grave”, responde Rosana Cueva a la pregunta de si le preocupa que la denuncia pueda escalar hasta llegar a una condena.

“Ya tenemos bastante con las leyes que se han dado durante este gobierno para fortalecer el secretismo respecto a la compra de armamento; no se veía una cosa así desde los tiempos de Alberto Fujimori”.

“Ya tenemos bastante con las leyes que se han dado durante este gobierno para fortalecer el secretismo respecto a la compra de armamento; no se veía una cosa así desde los tiempos de Alberto Fujimori”.

¿Cuántos días después de emitido el reportaje les llega la notificación de la denuncia?
El reportaje se emite el 17 de abril, y el 10 de mayo la procuradora cita a los representantes legales del canal para conminarlos a que les entreguen los documentos porque eran, supuestamente, supersecretos. El día 12, el ministro hace su exposición en el Congreso, y el 13 de mayo nos denuncian, pero somos notificados la primera semana de junio.

¿Y cómo explican el repentino cambio de opinión? En un principio Valakivi solicitó a la Contraloría que investigue; además, el inspector general del Ejército aceptó en el reportaje la existencia de irregularidades…
Karina Novoa toca la puerta del Comando Conjunto, habla con el Ministerio de Defensa, le abren las puertas del Pentagonito, lleva el documento al lugar y luego la dejan salir con toda la información. ¿Tenían que pasar tres semanas, veintiún días, para que recién se den cuenta de que habíamos violado un secreto de Estado? Consultamos con ellos la información, estaban todos al tanto, incluso el ministro nos pide que anunciemos en el programa que estaba solicitando a la Contraloría que investigue. En ningún momento nos comunican la posibilidad de que fuéramos a cometer un delito al emitir el reportaje.

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¿Por qué creíste que era importante revelar la información que contenían esos documentos?
Era importantísimo porque la semana previa habían muerto diez peruanos en el VRAEM cuando trasladaban material electoral, mientras que lo que más se reclama es precisamente la falta de inteligencia para atacar al narcoterrorismo. En ese contexto, descubrir que quienes deben hacer el trabajo de inteligencia, lo que estarían haciendo es levantarse la plata, inventándose colaboradores, inflando facturas de consumo… Por eso lo denunciamos.

Solo revelaron los nombres de las personas que voluntariamente salieron en el reportaje a decir que no son colaboradores…
Y pusimos especial cuidado en cubrir los nombres de los demás presuntos colaboradores, porque sí nos hicieron saber que había una preocupación por que se revelaran todos sus nombres. Además, no había información extra. Yo he escuchado decir al ministro que en estos documentos habían planes de inteligencia y eso no es así, es una rendición de cuentas y punto. La verdad es que no deja de ser desconcertante la denuncia que viene después.

¿Cuál crees que ha sido el motivo de esta denuncia?
Por la sucesión de hechos, me queda claro que es una especie de ajuste de cuentas. Y lo que me irrita de este tipo de cosas es que hay quienes se sienten por encima del Estado y creen que pueden usar a sus funcionarios para hostilizar a un equipo de prensa. No podemos permitir tal abuso de autoridad.

Hasta el momento, ni Nadine Heredia ni Ollanta Humala se han pronunciado sobre este tema.
Es más, han estado evitando cualquier tipo de encuentro con la prensa y no han declarado nada al respecto.

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¿Es posible que también se esté tratando de encubrir un caso de corrupción?
Se trata de las dos cosas, pero estamos hablando de 49 mil soles en un ministerio que mueve 13 millones de soles, así que eso me hace pensar que no se trata solo de eso. Creo que es la manera de hacernos recordar que cualquier documento que diga “secreto” no debe ser ni mirado, que no podemos fiscalizar lo que se refiere a documentos militares, y ese es un tema que no debemos dejar pasar por alto. Ya tenemos bastante con las leyes que se han dado durante este gobierno para fortalecer el secretismo respecto a la compra de armamento; no se veía una cosa así desde los tiempos de Alberto Fujimori. Hay una ley que protege datos que no tendrían por qué estar protegidos.

Por Adriana Tudela