Tras el escándalo del caso Pura Vida, que generó duras críticas a la labor preventiva de Indecopi, la máxima autoridad de este órgano reflexiona sobre su primer año de gestión y el nuevo rol que se suma a su mandato: promover las inversiones.
Por Luis Felipe Gamarra / Foto de Elías Alfageme
Según Gagliuffi, después de veinte años de experiencia exclusivamente dedicada al sector privado, estaba listo para dar el salto al sector público, sobre todo a una entidad como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), uno de los pocos organismos estatales que él rescata a causa de su elevada calidad profesional, por lo que no pudo rehusar el ofrecimiento de Fernando Zavala, cuando el ex presidente del Consejo de Ministros lo llamó para presidir el Consejo Directivo. No obstante, pese a su entusiasmo, este primer año al mando de Indecopi no ha sido nada fácil.
El caso Pura Vida, que involucró a la empresa Gloria, puso su gestión en entredicho, por una presunta falta de protección al consumidor ante un producto que no cumplía con los estándares necesarios. ¿Qué lecciones le quedan?
Primero, que debemos comunicar mejor. Segundo, que debemos actuar de forma preventiva, adelantándonos a temas sensibles. En ese sentido, nos enfocaremos en los alimentos que son prioritarios en la canasta básica. Asimismo, en breve lanzaremos una campaña para aprender a leer las etiquetas.
¿Qué categorías han identificado como las más sensibles?
Alimentos prioritarios de la canasta básica, temas vinculados a transporte terrestre, empresas de salud, de telecomunicaciones, entre otras. En general, líneas de productos relacionadas a consumo diario, en sectores de mayor impacto para el consumidor.
Walter Gutiérrez, el defensor del Pueblo, dijo que la Defensoría también se iba a involucrar en casos de defensa del consumidor. ¿Ve una duplicidad de funciones?
Es válido que el defensor manifieste su preocupación por garantizar los derechos de las personas, que son afectados por determinadas conductas recurrentes de las empresas. Pero la Defensoría ya participa como veedora dentro del Consejo de Protección al Consumidor. Más que duplicidad, existe una labor complementaria. El mandato de la defensa del consumidor es del Indecopi.
El caso Pura Vida también permitió ver que el presidente de Indecopi no posee injerencia en estos asuntos, sino que es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi la que recibe los casos, y es el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual el que sanciona. ¿Se rediseñará este organigrama para atender denuncias con mayor diligencia?
Una de las fortalezas del Indecopi es su diseño institucional. Es un activo que pone candados a las gestiones administrativas para llevar el ente con total independencia, a fin de que sean los órganos resolutivos los que se encarguen de resolver los temas con la mayor autonomía. Lo que sí vamos a cambiar es que serán los secretarios técnicos los que saldrán a explicar los fallos.
¿El reglamento que prepara el Ministerio de Salud facilitará la labor de Indecopi?
Nosotros, como organismo, seremos el órgano ejecutor y fiscalizaremos que las normas se cumplan, según lo que indique el reglamento. Hay varias iniciativas al respecto en el Ejecutivo y en el Congreso. Habrá que esperar a ver qué dice el reglamento para ver si facilita o dificulta la labor.
¿En Indecopi están en contra de las veterinarias que cobran precios por debajo del mercado? Hay un grupo de manifestantes que protesta por el cierre de una veterinaria.
Para empezar, ha habido desinformación alrededor de este caso. No estamos en contra de las veterinarias, ni en contra de que estas cobren precios bajos. Es más, no nos corresponde el control de precios. No estamos tampoco en contra de las campañas de esterilización o de la existencia de albergues de animales. Lo que nos toca, por mandato, es velar por que no haya en el mercado competencia desleal de parte de municipios que utilizan sus recursos para hacer actividad empresarial, con precios subsidiados, generando competencia desleal con aquellas veterinarias que sí pagan impuestos. La Constitución es clara al decir en qué casos corresponde el rol subsidiario del Estado, y en este caso de las veterinarias municipales claramente no corresponde.
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