Un enfrentamiento armado dentro de una mina aurífera en la sierra de La Libertad dejó tres fallecidos en la última madrugada del año. El caso expone, una vez más, la violencia enquistada en Pataz, las sombras de la minería ilegal y las grietas de un estado de emergencia que no logra contener el conflicto.
Por: Redacción COSAS
La escena ocurrió mientras el 2025 se despedía. En el interior de una bocamina ubicada en Vijus, distrito minero de la provincia de Pataz, se desató un tiroteo que terminó con tres personas muertas y dos detenidas. Los cuerpos, hallados con impactos de bala, activaron de inmediato una investigación fiscal por homicidio, pero también reavivaron un debate que en esta zona del país parece no cerrarse nunca: ¿quién controla realmente el territorio?
Una mina, disparos y un conflicto que no da tregua
De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se produjo tras el ingreso irregular de un grupo de hombres a una bocamina donde se extrae oro. La reacción armada, atribuida a personal de seguridad, terminó en tragedia. La Policía llegó al lugar horas después y confirmó el hallazgo de los tres cadáveres, además de once casquillos de bala esparcidos en la escena.
El interior de una bocamina en Vijus, Pataz: un espacio cerrado donde la minería ilegal, la seguridad privada y el crimen organizado se cruzan sin reglas claras.
La empresa minera que opera en la zona, La Poderosa, informó que el episodio ocurrió en un sector disputado por grupos vinculados a la minería ilegal, un negocio clandestino que desde hace años convierte a Pataz en un polvorín. Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades, mientras se realizaban diligencias balísticas, inspecciones técnicas y la revisión de cámaras de vigilancia.
El dato que trajo algo de alivio fue la ubicación de siete personas que inicialmente habían sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, la calma duró poco.
El reclamo político: silencios, demoras y una emergencia que no funciona
El caso no tardó en escalar al terreno político. El alcalde provincial de Pataz, Aldo Mariños, cuestionó públicamente la versión oficial y la actuación tanto de la empresa como del Estado. Su principal crítica: la aparente demora en comunicar el hecho a la Fiscalía y la ausencia del Ministerio Público en la zona durante todo el 31 de diciembre, cuando el ataque ya se había producido en la madrugada.
Efectivos policiales y personal de seguridad en la zona del enfrentamiento, horas después del tiroteo que dejó tres fallecidos al cierre del año.
Pero el cuestionamiento fue más allá del episodio puntual. Para la autoridad local, lo ocurrido desnuda el fracaso del estado de emergencia vigente en la provincia. A pesar del despliegue de más de mil efectivos y una inversión millonaria destinada a reforzar la seguridad, la violencia no cede. Las cifras son elocuentes: decenas de asesinatos solo en Pataz durante el último año y una región que cierra el 2025 con uno de los índices de homicidios más altos del país.
Según el alcalde, las medidas excepcionales han terminado afectando más a agricultores, comerciantes y docentes —limitados por toques de queda y controles— que a las organizaciones criminales que operan en torno al oro ilegal. El resultado, sostiene, es un territorio militarizado pero no más seguro.
Vista aérea de Pataz, una provincia marcada por la minería aurífera y una violencia persistente que el estado de emergencia no ha logrado contener.
Un problema que trasciende una noche de violencia
Lo ocurrido en Vijus no es un hecho aislado ni una simple nota policial. Es el síntoma de un conflicto estructural donde convergen minería ilegal, economías criminales, presencia empresarial, vacíos del Estado y una población atrapada en medio. Mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones para determinar responsabilidades penales, en Pataz la sensación es conocida: la de un territorio que vuelve a contar muertos sin que nada cambie de fondo.
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