El 31 de diciembre se incluyeron en el reglamento de contrataciones del Estado los concursos de proyectos para realizar obras públicas. Sin embargo, ¿cuán efectiva podría ser esta nueva ley? Su mayor debilidad, según los arquitectos, es que las entidades públicas no están obligadas a echar mano de este recurso.

Por Laura Gonzales Sánchez

A finales de 2013, en una entrevista para el diario “El Comercio”, la por entonces ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, anunció la construcción de un gran museo arqueológico en Pachacámac. Al cabo de unos meses, comenzó a circular una carta abierta firmada por los arquitectos Adolfo Córdova, Frederick Cooper, José García Bryce, Wiley Ludeña, Miguel Cruchaga y José Canziani, que exigían a la ministra la adjudicación del proyecto a través de un concurso con la participación de jurados irreprochables. Algunas semanas después, el 29 de mayo de 2014, se hizo pública la convocatoria para el diseño del Museo Nacional del Perú (MUNA), con un jurado conformado por arquitectos de alto nivel. Finalmente, el estudio liderado por Alexia León Angell se hizo con el primer puesto. El segundo correspondió a Juan Carlos Doblado.

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Residencial San Felipe (1962-1969), de Enrique Ciriani, Jorge Páez, Mario Bernuy, Jacques Crousse, Oswaldo Núñez, Luis Vásquez y Nikita Smirnoff.

Un poco de historia

Este certamen devolvió al debate público la pertinencia de retomar los concursos de ideas para ejecutar las obras del Estado. Sin embargo, la tradición de los concursos públicos para diseñar obras arquitectónicas de envergadura no era nueva. Data de mucho tiempo atrás. Ad portas del Centenario de la Independencia del Perú, por ejemplo, se convocó un certamen para la construcción de la plaza San Martín, donde resultaron ganadores los arquitectos José Álvarez Calderón y Emilio Harth Terré.

La mayoría de especialistas coincide en señalar que, precisamente gracias a los concursos públicos, la década de los sesenta fue la época de oro de la arquitectura peruana. Uno de los más sonados fue el concurso para el Proyecto Experimental de Vivienda – PREVI, que se convocó en 1968 con alcance internacional. “Se seleccionaron trece representantes peruanos y, por otra parte, se invitó a otros trece arquitectos extranjeros”, recuerda Sharif Kahatt, investigador de este conjunto habitacional. “De esta manera, los veintiséis concursantes presentaron proyectos, y se premiaron tres proyectos nacionales y tres extranjeros. Luego, por una serie de inconvenientes en la ejecución (incluyendo el golpe militar que destituyó a Fernando Belaunde), se decidió construir un grupo de viviendas de casi todas las propuestas, creando así un barrio tan singular y particular como el que figura hoy en día”.

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El Proyecto Experimental de Vivienda – PREVI (1966-1978) fue realizado por diversos arquitectos, que dejaron la imagen heterogénea que hoy tiene el barrio. Esta zona fue la diseñada por Aldo van Eyck.

Años antes, Adolfo Córdova, propulsor de la Agrupación Espacio, había enviado una carta para solicitar que se propusiese un premio de arquitectura entre los galardones anuales de Fomento a la Cultura. “El por entonces diputado Belaunde, como gesto de gratitud por nuestra carta, hizo un llamado a los alumnos de cuarto y quinto de la Universidad Nacional de Ingeniería para que participaran de un concurso de vivienda en una supuesta manzana tugurizada del centro de Lima, y financió con su dinero el premio”, recuerda Córdova, quien así logró instaurar el Premio Chavín en 1959, certamen en cuya primera edición resultó galardonado.

En 1967 se marcó un hito. Córdova ganó junto a otros nueve arquitectos el concurso para diseñar el Centro Cívico. “Sin embargo, fui el que menos participó en el desarrollo final, porque en la repartición de temas me tocó el hotel”, cuenta Córdova, próximo a cumplir noventa y cinco años de edad. “Una decisión política nos retiró de esa parte del proyecto total para entregárselo a los arquitectos de un conocido hotel, quienes invirtieron la orientación escogida, no mirando al parque, sino al Palacio de Justicia”.

Para tener una idea: entre 1962 y 1994, bajo el paraguas del Colegio de Arquitectos del Perú, se convocaron ciento veintidós concursos, noventa y uno para obras del Estado y treinta y dos para iniciativas privadas. Sin embargo, la vuelta atrás se produjo en 1998. Entonces empezó a imperar la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado N° 26850, bajo el pretexto de reducir costos y agilizar tiempos, sin tener en cuenta la calidad del proyecto arquitectónico. En un intento de restituir esta modalidad, hubo otras idas y venidas. Hasta que un grupo de profesionales, reunidos en la Asociación de Estudios de Arquitectura (AEA), trazó su estrategia para lograr que se establecieran de nuevo los concursos públicos.

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El Centro Cívico, Administrativo y Comercial de Lima (1966-1970), de Miguel Ángel Llona, Adolfo Córdova, Jacques Crousse, José García Bryce, Guillermo Málaga, Oswaldo Núñez, Simón Ortiz, Jorge Páez, Ricardo Pérez León y Carlos Williams.

Alcances de una ley

Marta Morelli, del consejo directivo de la AEA, nos cuenta que la asociación se propuso esto como objetivo principal. Reconoce que anteriormente hubo varias propuestas apoyadas por el Colegio de Arquitectos del Perú que, si bien no prosperaron, contribuyeron a sensibilizar al sector público. “Luego, al entender que este cambio debía surgir dentro de la legislación existente, la AEA empezó a trabajar directamente con el Organismo de Contrataciones del Estado (OSCE) y el Ministerio de Economía y Finanzas para incorporar los criterios que conforman hoy el reglamento”, explica.

Se refiere a las modificaciones del Reglamento de la ley N° 30335, Ley de Contrataciones del Estado, contenidas en los artículos 85, 86 y 87 de la misma, que se publicaron en el diario “El Peruano” el 31 de diciembre de 2018, para entrar en vigencia treinta días después. “Hasta antes de esta norma, la única opción que tenía el Estado era hacer concursos de precios por expedientes técnicos donde no se valoraba la calidad. Hoy en día, el Estado va a poder contar con edificios de calidad, si es que empieza a aplicarse este criterio”, explica José Orrego, miembro del consejo directivo de la AEA y consultor del concurso de ideas para el Museo Nacional del Perú junto con Enrique Bonilla.

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El concurso de ideas del Museo Nacional del Perú sentó un precedente para modificar la ley. Obtuvo el primer lugar el proyecto diseñado por Alexia León, con un equipo conformado por Luis Marcial, José Canziani y Paulo Dam.

Para Bonilla, este ha sido un buen avance en el sentido de que, en una licitación, una consultoría “podría” ser parte de la evaluación técnica presentada por el postor. Es decir, si la entidad convocante así lo determina y entiende que adjuntar una propuesta arquitectónica implica ganar calidad para la edificación o para el planteamiento urbano que concursa. “Para poder adjudicarse el desarrollo del expediente técnico de la obra, el arquitecto debe cumplir además con una serie de requisitos, como estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, sustentar experiencia profesional y presentar una propuesta económica que se ajuste al valor referencial determinado por la entidad promotora del concurso”, agrega Morelli.

Interior del Museo Nacional del Perú. Ubicado en Lurín, está previsto que las obras finalicen en los próximos meses, y que se inaugure con motivo de las celebraciones del Bicentenario. En su interior se exhibirán siete mil años de cultura peruana.

Luces y sombras

Una de las principales debilidades que encuentra Bonilla en la ley es que es potestativa: “Para muchas instituciones del Estado, llevar el concurso adelante puede ser un proceso engorroso que conlleva a generar un proceso dentro de otro proceso, al convocar un jurado de reconocidos profesionales que establezca una puntuación que deberá ser considerada entre otros aspectos de la evaluación técnica. Hubiera sido mejor señalar la obligatoriedad de que toda obra pública debe adjuntar una propuesta arquitectónica para ser evaluada y formar parte de la calificación técnica”, afirma.

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Lo positivo, según Bonilla, es que, cuando sea necesario, los arquitectos pueden recurrir, y tal vez exigir, la obligatoriedad de realizar un concurso de anteproyectos para obras, como sucedió con la convocatoria para diseñar el Museo Nacional del Perú, un momento que sentó un precedente importante en este camino. José Orrego coincide con él: “Ese momento también demostró que no existía un recurso efectivo para hacer proyectos prácticos, y que la normativa complicaba demasiado ir en busca de un proyecto donde la calidad sea su principal razón”, añade.

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El segundo lugar en el concurso del Museo Nacional del Perú fue para Juan Carlos Doblado.

La ley, que fue esperada por varios lustros, no termina de cumplir las expectativas de los arquitectos ni de la opinión pública. Hay todavía varios puntos que afinar. Lamentablemente, aún es de índole facultativa, y hay que sensibilizar a las entidades sobre la importancia de contar con obras de calidad. Porque la única manera de recuperar el nivel que la arquitectura peruana tuvo en otros tiempos es sometiendo los grandes proyectos a concursos públicos. En este contexto de transición, lo positivo es que, poco a poco, los arquitectos van recobrando la posición que tuvieron en décadas pasadas, y que hay al menos una ligera esperanza entre los más jóvenes –quienes nunca han postulado a este tipo de concursos públicos– de participar en proyectos de envergadura.

Como casi siempre, es probable que las prioridades sean el menor tiempo y los costos más bajos. Así que esperamos que la modificación del reglamento no sea “mucho ruido y pocas nueces”. Que no todo se quede solamente en ideas e imágenes

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El estudio Llona Zamora, liderado por Michelle Llona y Rafael Zamora, ganó también en 2014 otro concurso de ideas promovido por el Ministerio de Cultura para intervenir la ciudadela de Machu Picchu.

Imágenes: cortesía de los estudios de arquitectura mencionados
Artículo publicado en la revista CASAS #269