La disolución de cuatro equipos especiales del Ministerio Público, incluidos Lava Jato y Cuellos Blancos, expone el fracaso de un modelo que convirtió la excepcionalidad fiscal en un mecanismo permanente de presión política
En algún momento de nuestra historia judicial, allá por los años noventa, en la justicia civil se crearon los llamados juzgados especializados. La razón detrás de esta creación fue la necesidad de que el Poder Judicial ofrezca a la ciudadanía justicia con garantía de que los jueces, denominados “especializados”, tengan experiencia y especialización en las materias o temas que se les asignaron (familia, comercial, civil, etc.).
Y eso, desde la posición de los jueces civiles, dentro de nuestro sistema de justicia (que en su gran mayoría resuelven problemas entre y planteados directamente por privados), estuvo muy bien. Luego de un tiempo, lo mismo ocurrió con los juzgados penales; es decir, se crearon también los juzgados especializados (en delitos tributarios, por ejemplo).
A diferencia de la justicia civil, en la justicia penal, no son los privados quienes plantean los temas criminales ante los jueces. Esto lo hacen los fiscales. Es la fiscalía la titular de la acción penal y esto lo hace a total discreción, esta entidad es la que decide si somete a una investigación un hecho y contra quien lo hace.
«Nadie podrá negar que el Ministerio Público está en crisis y esta crisis ha sido generada, desde hace algunos años, por el grupo ideológico que tomo su control».
Así entonces, en la Fiscalía también se realizó esta especialización y aparecieron las fiscalías especializadas en diferentes delitos, copiando lo ocurrido en los juzgados (Fiscalías Especializadas en delitos de Lavado de Activos, por ejemplo). Sin embargo, esta especialización de los juzgados y de las fiscalías, tiene que ver con una preparación profesional y especializada de los jueces y fiscales allí nombrados, en las materias y delitos que cada juzgado atiende. No se trata entonces de jueces o fiscales “Especiales”.
Estos Juzgados especializados, fueron atacados por la corrupción y podríamos decir que, en sede penal, estuvo presente casi desde un inicio. Recordemos que el condenado Vladimiro Montesinos controlaba la mayoría de estos juzgados y salas superiores penales especializadas y los usaba políticamente contra sus adversarios de turno (lo que, sin duda, es una forma de corrupción).
El ex fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, fue procesado por el delito de encubrimiento al archivar una denuncia contra Vladimiro Montesinos relacionado al enriquecimiento ilícito.
Esto mismo, al parecer y mirando hacia atrás, también viene ocurriendo en el Ministerio Público. Nadie podrá negar que el Ministerio Público está en crisis y esta crisis ha sido generada, desde hace algunos años, por el grupo ideológico que tomo su control. Y, además de la corrupción común, en el Ministerio Público ocurrió un fenómeno muy lesivo para el país, se usó como un arma política.
Así como Vladimiro Montesinos usó el Poder Judicial políticamente; al parecer, algunos directivos de ONGs lo hicieron con la Fiscalía. Pero ¿cómo hacer eso?, si los fiscales gozan de independencia en sus pronunciamientos y también están obligados a motivarlos y justificarlos desde las normas penales vigentes.
Una de las formas de corrupción que creció mucho en nuestro país, fue la utilización de foros académicos propios de diferentes instituciones u ONGs, que otorgaban becas en cursos o capacitaciones fuera del país a funcionarios del Ministerio Público o los captaban para contratarlos en actividades “académicas” (profesores universitarios, por ejemplo) y luego, ya adoctrinados, con deudas “académicas”, estos fiscales y la fiscalía en si misma, fueron usados para objetivos políticos.
Tomás Gálvez analiza la continuidad de los equipos especiales de fiscales, cuestionados por presunto uso político
Una de estas formas de uso directo fue volverlos “fiscales especiales”, utilizando una norma que permitía la creación de los llamados equipos especiales, bajo el pretexto de la “especial dificultad en la búsqueda de pruebas”. Sí, así de genérico y sin mayores criterios. Esto es posible gracias a la inclusión del artículo 80-A en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se hizo mediante la Ley N 27380, firmada por Diego García Sayán.
Y también, claro está, de la mano con la creación de normas, casi siempre propuestas desde el ejecutivo (como el D.L. N 1301), que ponían la balanza completamente en contra de los ciudadanos, vulnerando principios y garantías constitucionales favoreciendo el abuso y el uso político de la fiscalía, bajo el pretexto de la lucha contra la criminalidad.
«Hace muy poco tiempo la Fiscal de la Nación usaba como argumento que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia no podían investigarla porque la Fiscalía de la Nación los estaba investigando primero».
Los mismos que usan el día de hoy la narrativa de las “leyes pro-crimen” (lo cual es completamente falso y sólo responde a intereses de un sector de la sociedad que se sirve de la justicia para subsistir), son los que aplaudían la existencia o creación de normas que, lejos de mejorar el desempeño de los fiscales o buscar la real persecución del delito, perseguían como único objetivo tener la posibilidad de mantener a ciudadanos “objetivos políticos”, bajo interminables investigaciones.
Lo que finalmente se consiguió fue que, en muchos casos, estos ciudadanos convertidos en objetivos políticos no postularan a cargos de elección o que, bajo la amenaza de un eventual procesamiento, funcionarios del Ejecutivo o magistrados decidieran conforme a determinadas exigencias o posturas ideológicas. De hecho, hace muy poco tiempo la Fiscal de la Nación usaba como argumento que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia no podían investigarla porque la Fiscalía de la Nación los estaba investigando primero.
La caída de los equipos «especiales» de fiscales
Al analizar la eficacia del funcionamiento, trabajo o participación real de los llamados “fiscales especiales” (en equipos), no cabe duda de la utilización de esta figura sólo para buscar tener el control de personas “objetivos políticos” usando políticamente al Ministerio Público y finalmente a la justicia. Aunque existen honrosas y claras excepciones; en general, estos equipos usaron el poder que tienen y los recursos que se les asignaron, para perseguir objetivos políticos.
Tras tres años de investigación, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó en agosto de 2022 que solo el 15 % de los audios había sido procesado, pero que el 85 % restante se completaría en apenas seis meses, en enero de 2023.
Al día de hoy, sabemos que gran parte del caso denominado “Cuellos Blancos” por ejemplo, cuyo “equipo especial” se formó en el año 2019 (Resolución de la Fiscalía de la Nación 1550-2019-MP-FN), tuvo, en el manejo de los audios que investigaba, una única intención de control político.
La publicación de los mismos, a cuentagotas y en forma “oportuna”, afectó políticamente al país logrando, desde renuncias de ministros (como el ex ministro de justicia, Salvador Heresi) hasta la destitución de Fiscales Supremos (como el ex Fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry). De hecho, en estos momentos se busca someter al Fiscal Supremo Tomas Gálvez, usando el mismo “equipo especial”.
Rafael Vela y José Domingo Pérez, fiscales del Equipo Especial Lava Jato, cuyo accionar fue cuestionado por presunta politización de investigaciones.
Qué duda cabe, si hablamos de los fiscales especiales del “Equipo Especial Lava Jato” creado en el año 2016 (Resolución de la Fiscalía de la Nación N 5050-2016-MP-FN), con competencias ampliadas hasta en dos oportunidades en los años 2017 y 2019; cuyo fin más importante y obsesivo, fue evitar que Keiko Fujimori tenga algún cargo de elección popular y destruir los partidos políticos.
Y seguramente podríamos decir que esto fue hecho para dejar libre el camino a partidos de izquierda (que terminó con Pedro Castillo de presidente), investigando hechos que siempre se advirtieron como no criminales. Aún está pendiente una investigación independiente y completa de la influencia de este equipo en el supuesto favorecimiento ilegal a la empresa Odebretch.
Tenemos también al denominado “Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder” creado en el año 2022 (Resolución de la Fiscalía de la Nación N 1313-2022-MP-FN) y desactivado a medias en el año 2024 (Resolución de la Fiscalía de la Nación N 2824-2024-MP-FN). Este equipo tuvo una muy buena participación en la investigación y caída del ahora golpista Pedro Castillo; sin embargo, también cayó sobre él la sombra de actuación politizada dentro de las pugnas internas en el Ministerio Público, al iniciar investigaciones cuestionadas contra la Fiscal Suprema Patricia Benavides.
Por último, esta misma Fiscal Supremo, en abril del año 2023, creó el “Equipo Especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales de diciembre del año 2022 marzo del año 2023”, que evidentemente, desde el origen, estaba destinado a mantener en investigación a los mandos policiales, militares y miembros del ejecutivo (entre ellas la ex presidente Dina Boluarte), que participaron en la contención de los actos terroristas desarrollados dentro de las protestas posteriores al golpe frustrado del expresidente Pedro Castillo.
En diciembre de 2025, Tomás Gálvez anunció la desactivación de los equipos especiales: Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y el creado para protestas sociales.
No deja de tener razón el Fiscal Supremo encargado interinamente de la Fiscalía de la Nación, Tomas Gálvez, en haber planteado la evaluación de la continuidad de estos equipos especiales. Desde ya, me parece que es una creación perversa en todo sentido. Estos equipos especiales, para subsistir y que sus integrantes sigan siendo considerados “especiales”, necesitan casos y por eso mantienen en cartera casos por mucho tiempo (en algunos casos, en investigación fiscal por más de 8 años), aunque pudieron haberlos culminado muchos años antes.
Sólo así, manteniendo y creando casos, aunque lo hagan sabiendo que los hechos no configuran delito, seguirán siendo “fiscales especiales” y mantendrán los “beneficios propios” de la supuesta especialidad e importancia, como seguridad y presupuesto para viajes. Todo ello vuelve en problema lo que puede haberse pensado como una solución, para los casos realmente importantes (aunque firmado por García Sayán, no lo creo).
De hecho, nunca se ha visto ningún “equipo especial” de fiscales para los casos de Extorsión o de Minería Ilegal, por ejemplo. Claro allí no hay ninguna persona “objetivo político”. Desde ya, entonces, hace bien el Fiscal de la Nación en evaluar estos equipos y ojalá los anule. Nadie es especial y todos los fiscales sólo deben realizar su trabajo conforme a lo que señala la constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, cautelando la legalidad tanto para el supuesto imputado de un delito como para el agraviado o inocente.
Suscríbase aquí a la edición impresa y sea parte de Club COSAS.
