En busca de una salida a la grave crisis que afecta a la Fiscalía, a la Junta Nacional de Justicia, al Poder Judicial, a la Procuraduría, al Ministerio de Justicia y al desarrollo del país, pedimos la opinión de siete personalidades que con su conocimiento, experiencia y trayectoria sientan aquí las bases para la reforma del sistema de justicia en su integridad.
Por Redacción COSAS
Antero Flórez-Aráoz Esparza
“El sistema judicial es un desastre”.
Antero Flórez-Aráoz Esparza es un abogado y político de destacada trayectoria. Expresidente del Congreso, exministro de Defensa y ex primer ministro.
Cuando me preguntaron mi opinión sobre la situación de nuestro sistema judicial, lo primero que me vino a la mente es responder que es un desastre, pero como el término es duro, respondí que “hace agua”.
Dicho sistema está integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Militar-Policial, y tiene importantes nexos con el Ministerio de Justicia, al cual está adscrito el Instituto Penitenciario, así como la Policía Nacional, que colabora en las investigaciones y combate la delincuencia.
Lo que más se critica al sistema es la desconfianza que inspira, los procedimientos interminables y las resoluciones kilométricas. Para enfrentar el problema, se presentan infinidad de iniciativas legislativas aisladas, cuando se necesita de una reforma integral y, como los más perjudicados por el sistema son los justiciables y sus abogados, lo sensato es que la Asociación de Colegios de Abogados, en conjunción con las facultades de Derecho de las principales universidades, estudien la problemática y presenten la correspondiente propuesta integral para su debate.
La crisis que se observa no solo es del sistema de justicia, sino de todo el aparato público, en el que hay una demencial confrontación de poderes y organismos autónomos, así como entre sus representantes. Una lucha sin cuartel de unos contra otros y viceversa, en la que se conjugan los verbos “denunciar” y “acusar” en todos los tiempos y personas, todo lo cual lleva a que muchos pidan el que “se vayan todos”.
Lo lógico y sensato es que, sin renunciar a la investigación de las sospechas e indicios de delito, las instituciones confrontadas busquen concertar y limar asperezas, para lo cual habría dos caminos. El primero, con el Acuerdo Nacional bajo la conducción de Max Hernández, y el segundo, con el Consejo de Estado bajo la conducción de la presidenta. Hago esas dos propuestas porque ya no tenemos los referentes de antaño que pudieran hacerlo. Los expresidentes o fallecieron o están con procesos penales, y los patricios como Víctor Andrés Belaunde o Luis Bedoya Reyes ya no están en este mundo.
Alfonso de los Heros Pérez-Albela
“El Poder Judicial, a mi juicio, es el más importante del Estado, porque asegura la aplicación debida del Derecho”.
Alfonso de los Heros Pérez-Albela es un abogado laboralista de larga experiencia. Expresidente del Consejo de Ministros. Renunció al cargo a raíz del autogolpe de Fujimori en 1992.
Desde que empecé a ejercer la profesión de abogado, hace sesenta años, he podido apreciar cómo ha ido evolucionando el sistema de justicia en el Perú. He sido testigo, tanto en la capital del país como fuera de ella, de la calidad, profesionalismo, comportamiento ético y respeto que inspiraba el cargo de juez. Sin embargo, con el correr del tiempo ha existido un menoscabo de esta noble función, debido no a la normativa ni a la importancia de esta función, sino a factores que el propio Estado ha permitido que ocurran. Me ref iero a la corrupción y a la utilización política negativa y corrupta para dominar y utilizar este poder en beneficio de grupos políticos y delincuenciales.
El Poder Judicial, a mi juicio, es el más importante del Estado, porque asegura la aplicación debida del derecho. Por ello, debe estar en manos de ciudadanos con las calidades éticas y profesionales necesarias para cumplir esta honrosa y fundamental función. Para ello, es necesario aplicar ciertas premisas y condiciones.
La primera, que cualquier persona no puede ni debe ser juez. Solo pueden serlo personas con calificaciones académicas de excelencia, debidamente acreditadas y sujetas a examen y constatación. La valla debe ser alta, porque de ella dependen los derechos de los ciudadanos, que es lo más importante que estos tienen.
La segunda condición es que el juez debe tener un antecedente ético impecable, no debe tener conflicto de intereses por razones familiares o políticas, y debe abstenerse de conocer una causa en caso se produzca.
La tercera condición es la estabilidad en el cargo, para evitar la manipulación de cambios de ubicación, cambios de casos a otros jueces o cualquier otra forma de interferencia.
La cuarta condición, y no menos importante, es la estabilidad económica, para evitar lo que hasta ahora ha venido ocurriendo con la tentación de la corrupción. Un juez debe ser el servidor del Estado mejor remunerado en cada uno de los estamentos en que se encuentre, desde la Primera Instancia hasta la Corte Suprema.
La quinta condición, a mi juicio, debe ser, como ocurre en otros países, la capacitación permanente, a través de una Academia de la Magistratura seria, dirigida por buenos y expertos profesionales.
Finalmente, la sexta condición, y no por ello menos importante, es la elección de los jueces a través de un órgano imparcial que sea fruto de una reforma de la justicia en que participen y opinen la Academia, los poderes del Estado y los colegios de abogados, a fin de sentar las bases para una elección transparente de los magistrados.
No hay solución ni régimen perfecto, pero si afrontamos con seriedad y sobre todo con ética este desafío, podremos lograr resultados positivos en beneficio del más importante poder del Estado, que es la justicia.
Enrique Ghersi Silva
“Los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular”.
Enrique Ghersi Silva es Doctor en Filosofía y Derecho Penal Económico. Diputado por Lima desde julio de 1990 hasta la disolución del Congreso en 1992.
Si, como dice la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo, creo que toda reforma debe regirse estrictamente por ese principio.
En consecuencia, siguiendo el mandato del artículo 232 de la Constitución, debe haber participación popular en la administración de justicia por lo menos a dos niveles: en la designación de los magistrados y en el ejercicio mismo de sus funciones.
Por consiguiente, los jueces y fiscales deben ser elegidos por voto popular, de manera que sea la misma ciudadanía la que los nombre, los haga responsables y reelija o no en función de sus méritos. La responsabilidad debe ser tomada directamente por los electores.
Deben quedar atrás modelos corporativos como los del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura o la actual Junta Nacional de Justicia, para que sea directamente el ciudadano quien elija por voto directo, universal y secreto.
Pero creo, asimismo, que el pueblo debe participar directamente no solo en el nombramiento de los jueces y fiscales, sino también en la administración de justicia misma, a través de jurados, no solo a nivel penal, sino también civil, laboral y administrativo. La experiencia de los llamados tribunales mixtos o de escabinos ha sido un modelo de gran trascendencia democrática en algunos países.
De esta manera, daremos a la administración de justicia en el Perú no solo una legitimad de origen inequívoca, sino también una legitimidad de ejercicio.
La crisis política en el Ministerio Público y el Poder Judicial son consecuencia de su nombramiento derivado, no directo, separado de la voluntad popular.
Solo podremos superarla recurriendo a ella. Solo emana del pueblo una justicia que es elegida por él.
Natale Amprimo Plá
“Mejorar el desempeño del Poder Judicial y del Ministerio Público solo se logra captando la excelencia del capital humano”.
Natale Amprimo Plá es abogado constitucionalista, excongresista de la República, socio de Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados.
La crisis de la justicia que hoy vive el Perú no es algo que deba sorprendernos; hemos sido testigos de cómo, utilizando nuestras debilidades institucionales, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, bajo el impulso de seudorreformas, han sido tomadas como botín, convirtiéndose en armas políticas, cuando no en una suerte de mercado persa donde todo es negociable.
Es curioso, sistemáticamente se plantea la “reforma de la justicia”, pero esta siempre termina en manos y con la participación de personas ligadas a los mismos grupos de siempre, que en su afán de penetrar en el sistema de justicia no han tenido el más mínimo escrúpulo para trabajar con los Gobiernos de turno, sean democráticos, seudodemocráticos o abiertas dictaduras. Revisen los nombres y se sorprenderán.
No hay forma de mejorar el desempeño del Poder Judicial y del Ministerio Público si es que no se logra captar la excelencia del capital humano. Nos han querido vender la idea de que ello se logra exigiendo maestrías y doctorados, cuando todos sabemos que existen universidades que se han convertido en verdaderas fábricas de títulos.
En ese sentido, urge implementar un programa que capte a los mejores alumnos –aquellos que estén, por ejemplo, en el décimo superior–, para realizar sus prácticas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Si de estos, unos cincuenta deciden seguir la carrera judicial, hemos logrado algo que hoy no tenemos. También hay que terminar con las ratificaciones a jueces y fiscales, que son verdaderas espadas de Damocles sobre las cabezas de estos, quitándoles autonomía e independencia, y que solo han servido para que los encargados de ejercer esa labor –sea CNM o JNJ, da igual– vean cómo colocan a “sus” jueces y fiscales, y cómo cortan la carrera a quienes no responden a esa grey. Hoy la JNJ está totalmente deslegitimada, su sesgo es ya evidente incluso para quienes hasta hace poco, con notoria ceguera, la defendían.
Katherine Ampuero Meza
“La Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación nos inspiran desconfianza”.
Katherine Ampuero Meza es abogada penalista, con amplia experiencia en defensa de los intereses del Estado en casos complejos de corrupción. Exprocuradora pública del caso Odebrecht.
El Ministerio Público está viviendo su más grave crisis institucional en veinte años, tras las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor y hombre de confianza de los exfiscales de la Nación Pablo Sánchez y Patricia Benavides, y que han remecido todo el sistema de administración de justicia en el país.
Estas declaraciones involucran a tres fiscales supremos y a otros de menor jerarquía, endiosados por medios de comunicación, en graves actuaciones irregulares, como negociados para archivar investigaciones como un trueque de favores, otras para no abrir investigaciones contra políticos o archivarlas a cambio de votos en asuntos de su interés en el Parlamento, intromisión de terceros en la dirección de las investigaciones, presiones para contratar fiscales, vulneración de la reserva de las investigaciones, manejo mediático de la información con intereses subalternos y la posible intromisión en los procesos electorales.
La Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación iniciaron investigaciones, pero existe desconfianza por el sesgo con que investigan y porque funcionarios de alto rango de la Fiscalía y consejeros están involucrados. No hay garantía de transparencia, objetividad, ni debido proceso, y se teme impunidad y blindaje en beneficio propio o de terceros, así como el uso arbitrario e irregular del poder que el cargo les otorga.
La solución es reestructurar el Ministerio Público oxigenando la Junta de Fiscales Supremos con nuevos integrantes, conformar una comisión investigadora multipartidaria en el Congreso presidida por un congresista ajeno a esta trama de terror, garantizar una elección transparente y no politizada de los nuevos miembros de la JNJ y reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Domingo García Belaúnde
“La justicia y sus constantes crisis”.
Domingo García Belaunde es jurista y constitucionalista. En 1981, elaboró un anteproyecto de ley sobre el proceso de habeas corpus y amparo que en 1982 se convirtió en la ley 23506.
Lo que hemos visto en estas semanas no es broma: son hechos graves de los cuales el país aún no se recupera. Y si bien están vinculados con los fiscales y el Ministerio Público, afectan al sistema de justicia. Veamos.
Durante más de cien años, el Poder Judicial existía solo como poder del Estado. Sus miembros los nombraba a consuno el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, y esto funcionaba generalmente bien, lo cual demuestra que lo importante no son tantas reglas, sino los hombres.
Y así llegamos a la Carta de 1979, que cambió ese panorama, acorde con el constitucionalismo europeo de la segunda posguerra. Y lo que era uno se convirtió en tres: i-Ministerio Público ii-Poder Judicial y iii- Consejo de la Magistratura (este es su nombre clásico desde hace más de un siglo en Europa).
Y como la crisis ha salpicado a los tres, la reforma debe afectarlos. En primer lugar, la cursi “Junta Nacional de Justicia” ha cometido una tropelía digna de encomio al sostener que se puede estar en el cargo por encima de los límites constitucionales. Se olvidaron, además, de la ley 23836.
El Poder Judicial es peor, pues son más y resuelven más. Haciendo cálculos con un economista, piensa que solo el 30% son rescatables. Y lo mismo podría decirse del Ministerio Público.
Es importante pensar con calma qué debe reformarse, y esto a través de una comisión extraparlamentaria, al margen de las investigaciones y denuncias que correspondan.
Alberto Otárola Peñaranda
“El Gobierno convocará a poderes para abordar la problemática de la justicia”.
Alberto Otárola es abogado constitucionalista. Ministro de Defensa en dos oportunidades y actual presidente del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Dina Boluarte.
Contar con un sistema de justicia eficiente, oportuno y confiable es fundamental no solo para la vida en democracia, sino también para garantizar el crecimiento, el desarrollo y la convivencia de la sociedad. Tenemos la convicción de que no hay seguridad jurídica, ni inversiones sostenidas, sin un buen sistema judicial.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo no es ajeno a los últimos hechos ocurridos dentro del sistema de justicia, que afectan la institucionalidad y menoscaban la confianza de la ciudadanía. En el marco del principio constitucional de separación de poderes, el Gobierno ha expresado su preocupación y espera que se adopten las acciones pertinentes para hacer frente a esta situación.
El Ejecutivo observa con sumo interés el desarrollo de los acontecimientos y convocará, oportunamente, a las autoridades de los poderes e instituciones del Estado para abordar la problemática que enfrenta el sistema de justicia y encontrar alternativas de solución en beneficio de la institucionalidad democrática y del país.
Es importante mencionar que la Procuraduría General del Estado, entidad competente para la adecuada defensa de los intereses públicos, en línea con su autonomía e independencia, ha interpuesto las acciones respecto a los hechos referidos.
El Gobierno está firmemente comprometido con l a mejor a del sistema judicial. Con ese propósito, acabamos de reinstalar, después de dos años, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, espacio donde se implementarán, de manera consensuada, las medidas de cara a su fortalecimiento. Asimismo, en el marco de las facultades legislativas que nos otorgó el Congreso de la República, hemos hecho modificaciones al Código Procesal Penal en aras de fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado y proteger a nuestra población.
De igual manera, entendiendo que la mejora del sistema de justicia requiere de mayores recursos, estamos atendiendo (y lo seguiremos haciendo) los requerimientos presupuestales de los órganos de administración de justicia, en función de las posibilidades fiscales del país. El Gobierno ratifica su f irme compromiso con la vigencia del Estado de derecho, en cuyos cimientos se fundamenta nuestra democracia, y continuará trabajando incansablemente para tener un sistema de justicia eficaz e íntegro, que dé certeza y confianza al Perú.
Control de daños antes que el daño lo controle todo
Se trata de salvar la institución de la justicia en el Perú apelando a las reservas legales y morales que los poderes del Estado poseen para enfrentar la crisis y las resistencias al cambio.
Juan Paredes Castro, periodista y escritor, ex director periodístico de El Comercio.
El Perú tiene un Estado de derecho y tres poderes constituidos, dentro del cual y con quienes, respectivamente, debe y puede resolver, con mandatos claros y firmes, cualquier grave crisis que enfrente hacia adentro y hacia afuera.
Al margen de cuántos sean nuestros problemas y cuántas sean nuestras crisis, nuestras mejores reservas de ley, justicia, orden y autoridad están ahí para ser aplicadas debida e inteligentemente.
Aunque por la corrupción y criminalidad creciente parecemos habitar en una tierra de nadie, nuestro mayor esfuerzo ciudadano y patriótico debiera ir en dirección contraria: allí donde nos encontremos precisamente con un Estado de derecho que nos devuelva la confianza de vivir en paz y bienestar.
La grave crisis por la que pasa la justicia en el Perú no es para quedarnos en estado de estupefacción y parálisis. Se trata de una crisis que convoca a la acción urgente.
No hay mecanismos de resistencia válidos como los que exhiben los titulares del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia que vayan a impedir, por ejemplo, el ejercicio de prerrogativas legales y constitucionales perfectamente aplicables al triste grado de descalificación y deslegitimación al que han llegado ambos organismos.
El fallido golpe de Estado de Pedro Castillo habría sin duda materializado sus propósitos si los poderes constituidos que actuaron entonces no hubieran tomado rápida y resueltamente las decisiones que tomaron para sofocar la rebelión del expresidente y someterlo de inmediato, bajo garantías judiciales, a investigación fiscal y prisión preventiva. Un ejemplo de cuando los contrapesos del poder funcionan bien.
Si el Tribunal Constitucional hubiera observado seriamente que el expresidente Martín Vizcarra tomara la decisión de disolver el Congreso en setiembre de 2019 sin el requisito constitucional de refrendo de su gabinete ministerial, no tendríamos hoy que esconder vergonzosamente este golpe de Estado en el clóset de la historia. Un ejemplo de cuando los contrapesos del poder funcionan mal.
Nos queda claro, entonces, que no hay instituciones ni personas intocables en el más elevado y delicado terreno del servicio público, que es el Estado. Todas están sujetas a evaluaciones, controles, cambios, reingenierías y sanciones. Las autoevaluaciones, las autorregulaciones y las autorreorganizaciones ya demostraron que no funcionan. De otra manera, el abuso del poder, el tráfico de influencias y las complicidades con el delito no se hubieran instalado peligrosamente en ellas.
Es la institución de la justicia en el Perú la que sufre, una vez más, una profunda crisis caracterizada por la horrorosa penetración en ella de los tentáculos de la corrupción y la criminalidad. Nada más inmediato y urgente para los poderes constituidos que salir al frente de esta crisis de la manera más serena, racional y consensuada. Nada más inmediato y urgente que calzar a fiscales, jueces y procuradores en sus respectivas responsabilidades de ley.
Siendo lo ideal, como plantea el jurista Enrique Ghersi, que jueces y fiscales provengan de una elección popular, atendiendo el reconocimiento constitucional de que la justicia emana del pueblo, hay un perentorio “control de daños” que hacer en la Junta Nacional de Justicia y en el Ministerio Público que no puede esperar más y que obliga a los tres poderes del Estado, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a mirar más allá de sus ombligos, es decir, de sus intereses y conveniencias.
Ese “control de daños” tiene vías integrales, puntuales y expeditas de reforma, como las que recomiendan en el informe de COSAS otros juristas, como Alfonso de los Heros, Ántero Flores-Aráoz, Natale Amprimo y Katherine Ampuero, con sus diferencias, énfasis y matices.
Se hace el “control de daños”, rápida, racional y efectivamente, o el daño, que es enorme y en muchos de sus aspectos criminal, lo controlará todo.
Suscríbase ahora para obtener 12 ediciones de Cosas y Casas por solo 185 soles. Además de envío a domicilio gratuito y acceso instantáneo gratuito a las ediciones digitales.
