Si queremos un país con verdadera igualdad de condiciones y que sinceramente quiere luchar contra la pobreza, les debemos a nuestras niñas y adolescentes el derecho a un mayor acceso a métodos anticonceptivos y al aborto.

Por Diego Molina

El 8 de marzo, los medios y las autoridades han estado activísimos hablando sobre la condición de la mujer. RPP, Exitosa, El Comercio, la Encerrona, el Presidente, la presidenta del Congreso. mencionaron el acoso sexual, la igualdad de condiciones laborales y salarios equiparados, la violencia de género y, sobre todo, obviamente, el feminicidio. Porque vivimos en un país donde ser mujer es un peligro. Según El Comercio, más de una mujer es asesinada por ser mujer cada día. A esa tragedia, hay que sumarle un asunto de salud pública que nadie quiere hablar.

El tema bajo la alfombra es el embarazo de niñas y adolescentes. Nadie lo quiere exponer, porque de él aparece la imposible discusión sobre el aborto. Ni la izquierda ni la derecha quieren el pleito. La moral, la religión y la ideología han decidido enterrar la realidad. Nadie quiere ver que el Perú tiene un índice atroz de embarazos infantiles y juveniles. ¿Qué significa que sea un problema de salud pública? Que no es puntual, menor o temporal. Es endémico, con graves consecuencias personales y económicas.

Veamos los números sin nombres: en el 2020, solo en embarazo adolescente, el porcentaje es de 6.9%, en zona urbana y 12.4% en zona rural (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES). Los partos de niñas embarazadas entre los 11 y los 14 años ascendieron a 1,155. En adolescentes de los 15 a los 19 la cifra es de 47,369. Niñas menores de 10 años tuvieron 26 partos. Y esta es información oficial: no incluye partos fuera del sistema de salud, o que hayan tenido un aborto.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) estima que 7 de cada 10 madres adolescentes no querían tener un hijo en nuestro país. Según la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes entre 15 y 19 años en el mundo. 8 de cada 10 menores de edad embarazadas abandonan la escuela en el Perú, dice el Ministerio de Educación.

Siguiendo con el drama, para la FPNU, 13 de cada 100 embarazos en Perú corresponden a jóvenes de entre 15 y 19 años. Además, “cada 8 minutos una adolescente se convierte en madre en el país y, a diario, 4 menores de 15 años afrontan un parto como resultado de un abuso sexual” según Ojo Público.

Y las consecuencias son pobreza por siempre y alienación. Según “Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad adolescente en el Perú”, elaborado en 2020 por UNFPA, solo 18,8% de las madres adolescentes logra realizar estudios superiores y, 5% de ellas no termina la educación primaria. Ello se traduce en menores posibilidades de obtener un mejor salario y mayor probabilidad de que terminen en la economía informal (81,9 %), si es que trabajan.

En términos económicos, el costo de oportunidad total asociado a la maternidad temprana en el Perú para 2019 fue de más de 300 millones de dólares, lo que equivalía a 0,14 % del PBI de ese año. “Este problema genera pérdidas económicas de medio millón de dólares mensuales y el monto podría elevarse a un millón al mes para este año”, dice Ojo Público.

¿Qué significa todo esto? Que la falta de acceso a métodos anticonceptivos, bajísima comparada con Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay, y la inexistencia de la opción del aborto legal y seguro, produce niñas y adolescentes condenadas a la pobreza y a la marginalidad. Al igual que sus hijos.

Con los números sobre la mesa, si queremos un país con verdadera igualdad de condiciones y que sinceramente quiere luchar contra la pobreza, les debemos a nuestras niñas y adolescentes el derecho a un mayor acceso a métodos anticonceptivos y al aborto. Negarles eso, es condenarlas a vivir a las afueras del desarrollo. No hay moral, religión o ideología que lo justifique.

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