Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ha lanzado medidas para impulsar la inversión privada, las causas estructurales de la informalidad y la baja competitividad siguen sin tocarse.

Por Daniel Crespo Pizarro

El llamado “shock económico” anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2025 ha sido recibido con expectativa. Sin embargo, pese a los avances, aún no se han enfrentado los factores más críticos que desalientan la formalidad y reducen la inversión privada: un sistema tributario pesado, fiscalizaciones arbitrarias y una burocracia que muchas veces actúa como freno, más que como aliada.

El contexto macroeconómico parece favorable. En febrero, el MEF proyectó un crecimiento del 4% para este año —por encima del 3,1% previsto en el Presupuesto Público—, lo que posicionaría a Perú como la segunda economía más dinámica de la región. El titular del sector, José Salardi destacó como factores clave el impulso a la inversión, la estabilidad en los precios de materias primas y un entorno macroeconómico saludable. Un mes después, el Banco Central de Reserva elevó su proyección de 3% a 3,2%, respaldado por el dinamismo en sectores como la construcción y los servicios.

Pero detrás de ese optimismo, asegura la  Asociación de Contribuyentes del Perú, persisten barreras estructurales. Un reciente estudio del Banco Mundial señala que el estancamiento económico responde, entre otros factores, a un empresariado informal de baja productividad, obstáculos estatales a la inversión, disparidad en el acceso a servicios básicos, y una institucionalidad frágil. Si bien la inestabilidad política puede estar fuera del control inmediato, otros elementos —como la política tributaria y el rol de la SUNAT— sí son reformables.

El diagnóstico y propuesta

La SUNAT afirmó que el crecimiento sostenido de los ingresos tributarios este 2025 se debe a medidas contra la informalidad

El sistema actual impone una carga que muchas veces empuja a las empresas hacia la informalidad: impuestos elevados como el IGV y el Impuesto a la Renta, fiscalizaciones discrecionales, sentencias no cumplidas por parte de la SUNAT, y una estructura que premia al Estado recaudador antes que al contribuyente cumplidor.

Frente a ello, la Asociación de Contribuyentes propone un paquete de reformas orientadas a simplificar el sistema y hacerlo más justo: eliminar el “perfil de cumplimiento del contribuyente”, derogar la llamada “Tasa Netflix” que grava servicios digitales consumidos por la clase media, y restituir el plazo de 12 meses para el uso del crédito fiscal. También se plantean reglas claras para deducir gastos financieros, una progresión gradual del Impuesto a la Renta para empresas nuevas, y ampliar el IGV por consumo a boletas de hasta una UIT, sin que esto dependa de la ausencia de deudas con la SUNAT.

A ello se suma la propuesta de evaluar un impuesto único a la renta (flat tax) y una reforma estructural de la SUNAT, con el objetivo de que pase de ser una entidad fiscalizadora punitiva a un organismo promotor de desarrollo empresarial.

El shock económico puede haber comenzado, pero para que su impacto sea real y duradero, aún falta remover el principal obstáculo: un sistema tributario que sigue castigando al contribuyente formal.

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