La organización política apoyó la postura del Informe que declara la inocencia del ex presidente Manuel Merino y sus ex ministros Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez.

Por Redacción COSAS

Coordinadora Republicana, organización que defiende la vigencia de la Constitución actual, se pronunció a través de un video y un comunicado sobre la presentación del Informe Cavero. Como se recuerda, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, recomendó archivar la denuncia fiscal contra el ex presidente Manuel Merino de Lama por su presunta responsabilidad en las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas sociales del 14 de noviembre de 2020. Además de Merino, también se denunciaba al entonces premier Ántero Flores Aráoz y el ex ministro del Interior, Gastón Rodríguez.

Ahora que se procedió a archivar la denuncia, Coordinadora celebra la decisión. Pues consideraban que los tres funcionarios públicos fueron acusados de forma inválida. Sustentan su postura en el hecho que la Fiscalía omitó investigar a los instigadores de las marchas y a los que usaron artefactos pirotécnicos y bombardas contra los agentes policiales. Tampoco se aclaró la presencia de infiltrados y barras bravas. Aunque el principal argumento que la organización esboza para justificar el informe es un detalle clave: uno de los manifestantes fallecidos recibió un disparo en la frente, cuando la Policía se ubicaba detrás de las víctimas. La Coordinadora acusa entonces, al gobierno interino de Francisco Sagasti de sacar conclusiones no debidamente sustentadas. Así como basarse en opiniones de miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaban parcializadas según su óptica.

Llamado a defender la democracia

Coordinadora Republicana

El comunicado de Coordinadora Republicana, publicado el pasado 20 de junio.

El comunicado prosigue oponiéndose a los actores políticos que están en contra del informe. Como las bancadas de izquierda y la “prensa interesada”. Finalmente, convoca a los partidos políticos y a la opinión pública a defender los procedimientos constitucionales del Congreso. Así como a luchar contra las acciones psicosociales de sectores radicales “que solo persiguen desquiciar el orden republicano”.

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